Cuando la bola de cristal falla.
La violencia contra los niños no aparece de la nada ni cae del cielo. Tampoco llega mayoritariamente de la mano de un extraño en una esquina oscura, por mucho que esa fantasía tranquilice a la sociedad. La realidad es bastante más incómoda: la mayor parte de los abusos y malos tratos se produce dentro del entorno familiar y a manos de personas cercanas.
En números absolutos, los padres biológicos, ambos, aparecen con frecuencia entre los principales agresores, así como padrastros, madrastras y familiares cercanos. Pero cuando se mira el riesgo en proporción, para los que construyen el relato sobre violencias, los padrastros destacan de forma preocupante. La "investigación" ha llamado a esto Cinderella effect, según ellos los hombres adultos cercanos sin lazos biológicos presentan una mayor probabilidad de agredir a los hijos de su pareja. Es decir, el peligro aumenta con frecuencia cuando entra en escena un varón que no es el padre del menor.
El relato social se organiza alrededor de los datos que interesan y el agresor suele presentarse como una anomalía desafortunada, casi como si hubiera caído allí por accidente. El incesto se camufla detrás de estas verdades menos incómodas y el mundo sigue girando.
En cambio, la madre queda inmediatamente bajo sospecha. “Eligió mal”, se dice, como si una mujer tuviera la obligación de detectar a simple vista a un abusador, incluso cuando muchos de ellos se presentan como hombres amables, normales y perfectamente integrados. Y esto vale lo mismo para elegir maridos y elegir padrastros, la responsable siempre será ella.
Al violento se le concede opacidad y a la madre, clarividencia retrospectiva. Patriarcado en estado puro: a ellos se les perdonan los impulsos; a ellas se las castiga no haber tenido poderes paranormales.
Eva, una vez más, cargando con el catálogo completo de errores de la humanidad. Primero la fruta, luego el marido, después el padrastro. Una mujer no puede ni respirar sin que alguien le redacte una culpa bíblica.
Pero el guion todavía oculta otra pieza fundamental, el padre biológico ausente o incumplidor. Cuando un padre no paga pensión, no sostiene a sus hijos y desaparece materialmente de su responsabilidad, empuja a muchas mujeres a situaciones de precariedad extrema. Y esa precariedad cambia las decisiones de vida. Muchas madres no convivirían con una nueva pareja si contaran con el apoyo económico que legalmente corresponde a sus hijos. No se trata de romanticismo ni de malas elecciones sentimentales. Se trata de supervivencia.
Ahí está una de las raíces del problema. La primera ficha del dominó no siempre es la entrada de un padrastro, sino el abandono económico del padre. Pero cuando las consecuencias aparecen, el foco vuelve a desviarse. El sistema mira a la madre, examina a la madre, sospecha de la madre. El hombre que incumple queda en segundo plano; la mujer que intenta sostener la vida cotidiana queda en el banquillo.
En ese contexto, los servicios sociales suelen intervenir tarde y con una lógica profundamente sesgada. Se analiza a la madre hasta el agotamiento: si está cansada, si está estresada, si llora, si el niño presenta dificultades, si la casa no alcanza, si hay signos de sobrecarga. Todo eso puede convertirse con facilidad en indicio de “inestabilidad”. Mientras tanto, la violencia masculina solo parece activar alarmas cuando alcanza formas groseramente evidentes. Como si el peligro tuviera que llegar con uniforme, cartel luminoso y confesión firmada.
El resultado es perverso y el agresor real puede quedar minimizado, mientras la madre exhausta se convierte en objeto de vigilancia institucional. No porque sea quien daña más, sino porque es quien está más a mano y es en definitiva quien no consigue realizar los milagros que se exigen.
Y debajo de todo esto hay una capa todavía más brutal: la criminalización de la pobreza. Muchas madres pierden a sus hijos no por maltrato ni por negligencia grave, sino por no tener vivienda estable, por no contar con ingresos suficientes o por vivir en condiciones precarias. En lugar de ofrecer apoyo económico, vivienda o acompañamiento material, el Estado opta demasiadas veces por separar. Retira al niño de su madre y luego financia a otra estructura para criarlo. Se presenta como “protección del menor”, pero con frecuencia funciona como una forma de sustitución institucional de la maternidad.
La paradoja es obscena: no hay dinero para ayudar a la madre a sostener a su hijo, pero sí lo hay para apartarlo de ella y sostener el dispositivo que administra esa separación. La pobreza deja de ser una injusticia social para convertirse en prueba de incompetencia materna. Y así el despojo se disfraza de cuidado.
Culpar a la madre es, en el fondo, la coartada perfecta de un sistema que no quiere mirar a los verdaderos responsables: los hombres violentos, los padres incumplidores y las instituciones que prefieren gestionar consecuencias antes que prevenir causas. No protege de verdad a los niños. No corta el ciclo de violencia. No corrige el abandono paterno. Solo redistribuye la culpa hacia la figura más vulnerable y más visible.
Si de verdad se quiere proteger a la infancia, la prioridad no debería ser moralizar a las madres, sino fortalecer su independencia. Ayuda económica directa, vivienda, cursos, capacitación profesional y condiciones materiales dignas para que ninguna mujer tenga que vincularse a un padre incumplidor o a un padrastro por necesidad de supervivencia. La protección real del menor empieza por reducir la dependencia materna, no por castigarla después. Lo demás es gestión del daño con lenguaje virtuoso.
Mientras se siga cargando a las mujeres con una culpa que no les corresponde, los niños seguirán siendo víctimas invisibles de un sistema que no fue diseñado para cuidar, sino para administrar daños.
Isabel Salas
