El truco de magia jurídico que sostiene la esclavitud moderna.
En el sistema feudal el siervo no tenía propiedad, ni derechos, ni movilidad. Estaba ligado a la tierra y subordinado a la voluntad de su señor. Solo los nobles y el clero podían desplazarse con libertad. El siervo —como hoy el ciudadano— existía únicamente en función del poder que lo registraba.
Más adelante, con la aparición de los Estados-nación y las revoluciones burguesas, se nos vendió la idea de que el pueblo se convertía en soberano. En realidad, lo que se produjo fue una reconfiguración administrativa del control. Se abandonó el látigo y se implementaron mecanismos más sofisticados: registro civil, DNI, número de seguridad social, pasaporte y consentimiento pasivo. A cambio de obediencia, se ofrecieron derechos.
La ciudadanía no es libertad. Es una condición jurídica otorgada por la misma estructura que impone tus obligaciones. Seguimos atados a la tierra como antes. En el pasado necesitabas una carta del señor feudal para poder viajar; hoy se llama pasaporte. Es el mismo principio bajo otro nombre: no puedes moverte si no estás registrado y autorizado. El pasaporte es el dispositivo moderno que confirma que la tierra no es tuya y que tú no eres libre para recorrerla.
El engaño funciona porque está bien diseñado. A los de abajo se les conceden derechos —a la salud, a la educación, a la vivienda— pero no como garantías reales, sino como permisos condicionados: tienes derecho si pagas impuestos, si obedeces las leyes, si te dejas administrar. Si no, se te revocan.
Mientras tanto, los de arriba ni siquiera figuran como ciudadanos. Operan con privilegios: fueros, inmunidades, exenciones fiscales, pasaportes especiales, jurisdicciones propias. Tienen acceso a servicios que no están regulados ni supervisados por los mismos mecanismos que afectan al resto. No mendigan derechos: ejercen libertades reales. Libertad de movimiento, de evasión fiscal, de uso de información privilegiada, de imposición ideológica o económica sin rendir cuentas.
Uno de los instrumentos más eficaces para atrapar desde la base es el llamado “derecho a la identidad”. En apariencia, es un avance: el niño tiene derecho a tener nombre, nacionalidad, pertenencia. En la práctica, es el primer anzuelo jurídico que lo introduce en la maquinaria del Estado. Desde ese momento, ya no es un ser humano libre con vínculos naturales y espirituales. Pasa a ser un sujeto jurídico, numerado, obligado, tributable, representable, sustituible.
Ese niño, como el adulto que será, no ejercerá libertad. Vivirá reclamando derechos. Y al hacerlo, estará aceptando que necesita permiso para vivir dignamente.
Algunos disidentes creen que pueden escapar de esta red apelando al derecho natural. Hablan de haber nacido vivos, de no consentir ser personas jurídicas, de presentarse como seres humanos soberanos. Pero el sistema no responde a códigos filosóficos ni morales: responde al registro y a la obediencia. Si no estás registrado, no existes. Si no inscribes a tus hijos, te conviertes en sospechoso. Si rechazas el marco legal, te vuelves intervenible.
Todo ese cuento sobre la transición del siervo al ciudadano fue, y sigue siendo, una jugada maestra. Nos ofrecieron derechos para que dejáramos de hablar de poder. Nos ofrecieron soberanía para que renunciáramos a la autonomía. Y lo más perverso: nos hicieron creer que pedir derechos es ser libre, y que cada derecho "conquistado" es un paso hacia la libertad.
Si nos dan a elegir entre tener razón y tener paz, algunos elegirán tener razón. Otros simplemente querrán paz. Pero tal vez solo es verdaderamente libre quien no necesita que el sistema lo reconozca para saberse válido.
Y esa libertad no encaja en ninguna casilla del registro. Por eso no la conceden.
Por eso la rechazan.
Isabel Salas
