IMPUNIDAD JUDICIAL: EL USO DE NEOLOGISMOS

El crimen lo cometió el padre, pero el asesinato fue  (presuntamente) autorizado por el juez.

El  lamentable caso de Ángela González Carreño, convertido en paradigma de la llamada “violencia vicaria” en España, por algunos defensores de este neologismo, merece una revisión seria y sin sentimentalismos, y me dispongo a hacerla  desde el máximo respeto por Angela y por su hija Andrea.

La niña se llamaba Andrea Rascón González, y aunque normalmente es conocida simplemente como Andrea, me parece conveniente nombrarla, al menos una vez, sin olvidarnos de su edad y sus apellidos. Tenía 7 años cuando fue asesinada por su padre, el 24 de abril de 2003, durante una visita sin supervisión, impuesta (presuntamente) por un juez.  Esta desgracia sucedió a pesar de las numerosas  advertencias previas de su madre, la señora Ángela González Carreño.

Existe una "versión oficial", defensora (como dije) del neologismo conocido como violencia vicaria, que repite hasta el agotamiento, que su expareja asesinó a la hija de ambos con el único propósito de hacerle daño a ella, la madre. Este relato, cómodo, sencillo y destinado a promocionar esta "nueva violencia de género", oculta lo que a los ojos de muchas otras madres es lo esencial: quien habilitó el contexto en el cual el crimen pudo consumarse, fue el propio juez que ordenó las visitas y forzó a la niña a estar con el padre. (Por supuesto todo esto es presuntamente porque ya sabemos lo quisquillosos que pueden llegar a ser los poderosos)

Seguramente habría podido matarla al doblar una esquina volviendo de la heladería, pero tendrán que estar de acuerdo conmigo que las visitas impuestas ayudaron a concretar  el plan de este presunto degenerado.

A pesar de que doña Ángela había presentado más de cuarenta y siete denuncias (según he leído en los medios) alertando del peligro que él representaba, fue ignorada por dicho juez. Si fueron denuncias en la comisaría o a través de su abogado, eso no lo sé.

Es decir, lo diré con otras palabras, la niña fue asesinada porque un juez, sabiendo lo que sabía, impuso su autoridad para permitir que aquel hombre tuviera acceso a la menor. Sin esa decisión judicial, la amenaza proferida por el padre —“te quitaré lo que más quieres”— habría sido inofensiva. Fue la justicia española, y su aparato concreto y ejecutor, la que posibilitó que el asesino cumpliera su promesa.

Por eso, lo que algunas activistas celebran como un avance en el reconocimiento de "la violencia machista extrema", debería verse, en rigor, como una confirmación de la violencia institucional y dejarnos de zarandajas. El concepto de violencia vicaria ha operado aquí, y en otros muchos casos, como una ingeniosa herramienta discursiva para desviar el foco de responsabilidad. Así, en lugar de cuestionar el rol del poder judicial, la narrativa mediática y política convierte al hombre agresor en el único culpable y exhibe como lucha feminista  lo que en realidad termina siendo un mecanismo de autoprotección del propio Estado, nos guste o no.

Tal vez, la "violencia vicaria" ni siquiera haya nacido como un mecanismo de autoprotección del propio sistema judicial, eso  no puedo afirmarlo. Sólo Dios sabe qué tenían y tienen en la cabeza sus inventores y defensores, pero es evidente que el sistema judicial la ha recibido con los brazos y las subvenciones abiertas de par en par. 

La niña asesinada, Andrea, se convierte así en un símbolo que ya no es ella misma. Su muerte es utilizada para reforzar un relato que convierte su tragedia en un asunto entre adultos —entre su padre y su madre— y borra la violencia institucional que ella realmente padeció. Así como también borra la otra violencia, la que su padre ejercía sobre ella directa o indirectamente tal y como su madre denunció incansable.

Porque Andrea murió no solo por culpa de un asesino —que lo era—, sino por la decisión consciente de un juez que ignoró las advertencias, los informes, las señales de peligro y las palabras del propio asesino.

El negocio que gira alrededor de la violencia vicaria es, presuntamente, redondo para el sistema judicial: permite alimentar la maquinaria ideológica contra el “padre violento” mientras se mantienen intactas las prácticas judiciales que siguen colocando a menores en manos de violentos y maltratadores. A la postre, lo que se está protegiendo es la potestad del juez de imponer visitas incluso en contextos de riesgo extremo, blindando así el principio estructural de que el vínculo con el progenitor, aunque éste sea peligroso, debe preservarse por encima de todo. Y todo esto fundamentado en el pretendido bien superior del niño.

El caso de Ángela González no es  único (pues todos los días hay niños sufriendo por malas decisiones judiciales) ni es un ejemplo  de lo que llaman "violencia vicaria", por más que quieran usarlo como emblemático.  Es, sobre todo, según mi análisis, un caso prototípico de violencia institucional y se utiliza el concepto de violencia vicaria como cortina de humo. El asesinato de Andrea fue, en rigor, una muerte autorizada y permitida por un Estado que decidió ignorar la evidencia.

El feminismo institucional debería preguntarse por qué, cada vez que una tragedia así ocurre, el relato mediático se apresura a señalar exclusivamente al hombre y nunca al juez que firmó la sentencia que puso a la víctima en manos de su verdugo. Quizá la respuesta es incómoda: en el fondo, la violencia vicaria es el relato que necesita la justicia para quedar eximida de su responsabilidad en estos crímenes. Parece una "buena idea", inventar nuevas violencias,  aunque traigan consecuencias nefastas como esconder la violencia institucional. Que es la madre del cordero.

No juzgo las presuntas intenciones de quienes inventaron la violencia vicaria o defienden su existencia como una brillante forma nueva de nombrar las violencias machistas. No puedo adivinar las intenciones de nadie y para eso, repito, está Dios. Pero no puedo evitar recordar el refrán aquel tan sabio:  "De buenas intenciones está el infierno lleno" .

Y sí, cuando se habla de vidas, de violencia y de niños en peligro lo que necesitamos no son buenas ideas que justifiquen el actuar de los juzgados sino excelentes soluciones que salven vidas. No queremos cursos ni cursillos para mover dinero de subvenciones y chiringuitos y que cada experto o ponente se lleve su tajada.  Queremos que se respete el deseo y el miedo que expresan los niños, que son concretos y no el abstracto "interés superior del menor" donde cabe todo lo humano y lo inhumano. 

No he conseguido el nombre del juez. No hay constancia pública del nombre del juez o jueza que impuso el régimen de visitas sin supervisión en el caso de Andrea, o al menos yo no he sabido encontrarlo. Todos los informes y documentos oficiales —como el dictamen del Comité de la CEDAW (ONU) o las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional— mencionan al “juzgado” o a “los juzgados”, sin identificar individualmente al magistrado o magistrada responsable. Obvio. Entre bomberos no se pisan la manguera.

Es lo habitual en estas causas donde los niños terminan asesinados. Las resoluciones judiciales se atribuyan institucionalmente al juzgado, y no al juez concreto. Por eso me deja tan triste lo que está pasando. Por si aún no queda bastante protegido el juez responsable ... viene otro grupo de gente a señalar al padre como el perpetrador de la "violencia vicaria" que se ejerció para herir a la madre, como si lo principal aquí no fuera la muerte de la nena.

Realmente no estoy de acuerdo con ese sesgo. Si el sistema judicial quisiera terminar con ese tipo de asesinatos de niños, lo tendría fácil: cero visitas con violentos. 

He pensado mucho en Angela en todos estos años y en su sufrimiento. Como madre me puedo imaginar su rabia y su dolor al verse impedida de proteger a su niña. Su inmensa frustración al ver como el "juzgado" ignoraba sus pedidos y súplicas. Su miedo al constatar el horror que vivía Andrea en cada visita. 

El espanto más profundo para una madre no es solo temer por la vida de su hija, sino descubrir que quienes deberían ayudarla a protegerla —las autoridades, el juez, el Estado— no solo desoyen su clamor sino que condenan a la niña a visitar al violento. 

Acudir a un tribunal con pruebas, advertencias y súplicas, y ver cómo el juez responde enviando a la niña, deliberadamente, a manos de quien la amenaza, es una traición estructural. Ese horror —la inversión absoluta del sentido de justicia— deja a la madre en la intemperie más brutal: no hay peor pesadilla que comprobar que el peligro no está fuera del sistema, sino que se materializa precisamente en el acto judicial que debería ofrecer protección.

Perfectamente podría decirse  que fue un presunto caso de traición a la patria si aceptamos que “la patria” no es  solamente la bandera ni el Estado abstracto sino la comunidad concreta de personas a las que las instituciones están supuestamente obligadas a proteger, entonces sí: cuando un juez, investido de poder público, abandona su deber esencial de proteger a los más vulnerables —en este caso una niña amenazada—, está traicionando la razón misma por la que el Estado existe.

Esa traición es aún más grave porque el juez actúa en nombre de “la patria potestad”, del “interés superior del menor” y de la “justicia”. Es traición en su forma más perversa: desde dentro, revestida de legalidad y solemnidad.

No hay palabras para acompañar  en el sentimiento a esta madre, Ángela, una mujer torturada institucionalmente. Con total respeto he escrito esta reflexión y desde aquí le mando un abrazo, esté donde esté ella y otro para su hija. Ella sí sabemos dónde está los que creemos en Dios.

Los del juzgado también tienen un lugarcito reservado donde la justicia divina los pondrá cuando les llegue la hora. Aquí se libraron, pero en el más allá no escaparán de la verdadera justicia. Aquí ignoramos sus nombres, allí los conocen con nombres y apellidos.

Si esto fuera una película negra, el detective haría la pregunta clave: ¿a quién beneficia el uso de estos neologismos?  ¿Quién queda impune cuando un niño es condenado a vivir con su maltratador? La respuesta está frente a nosotros: los jueces que dictan sentencias irresponsables y perpetúan la violencia, pues sus decisiones quedan disfrazadas de violencia vicaria.

Y ¿quién se lleva el dinero? Aquí entra el circuito perfecto: aparentemente las organizaciones feministas subvencionadas, asociaciones que viven de cursos, cursillos, conversatorios y exposiciones para “explicar” esta nueva violencia, la violencia vicaria. La "nueva violencia de género" que por se convierte así (queriendo o no) en esa etiqueta conveniente que desvía la mirada de donde debería estar: en el propio Estado y su maquinaria judicial que, a veces, convierte la protección en negocio y la justicia en espectáculo de sombras de terror.

Terminemos esta reflexión con una oración por Ángela y Andrea. No soy una mujer especialmente piadosa pero sí me he puesto de rodillas varias veces en la soledad de mi cuarto para pedirle a Cristo fuerza y sabiduría para manejar las situaciones que me tocaron vivir. Últimamente también le pido que me enseñe a sentir su Amor y hoy, especialmente, que su abrazo le llegue a esta madre y a esta hija.

 

Isabel Salas 

Aclaración  Uso la palabra “presuntamente”  por pura y legítima autoprotección legal. Como los noticieros y todos los que hablan de crímenes. Aquí todos somos presuntos hasta que se demuestre lo contrario, y eso ya se sabe. 

  

VIOLENCIA VICARIA: ¿DESCUBRIMIENTO O INVENTO?

Análisis crítico del concepto de violencia vicaria y su aplicación institucional, cuestionando su impacto en los derechos del menor y la justicia familiar.

 

 

 

En los últimos años ha tomado fuerza el término "violencia vicaria", como otra nueva forma (descubierta) de violencia de género. Este invento es definido por sus entusiastas, como aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona. Es decir, el padre u otro hombre usa los hijos de una mujer como instrumento para dañar a esa madre. Como si los niños fueran martillos que ni sienten ni padecen.

La incorporación de este concepto en los discursos feministas e institucionales ha sido sospechosamente rápida y estratégica, presentándola como una “nueva forma” de violencia machista, recientemente detectada y bautizada, que debe ser visibilizada, perseguida y castigada.

Sin embargo, esta categorización encierra un problema grave. Para empezar, es fundamental distinguir entre la violencia que ocurre fuera del ámbito judicial —en la intimidad de los hogares o en la calle, entre particulares— y la que se comete dentro de los juzgados, amparada o ejecutada por las instituciones del Estado. La primera, si bien dolorosa y muchas veces brutal, pertenece al plano privado; puede ser cometida, en principio, por cualquiera de los progenitores, aunque por razones muy diferentes, y debe ser atendida con rigor. La segunda, en cambio, es responsabilidad directa del poder judicial, que con sus decisiones puede agravar, perpetuar o incluso generar una nueva forma de sufrimiento, tanto para el niño como para el adulto, que en su nombre, denuncia los hechos relatados por el niño. Recordemos que los niños no pueden denunciar solos y siempre será un adulto quien denuncie lo que ellos previamente le  han contado.

Ese adulto suele ser su madre, pero teóricamente podría ser su padre,  su abuela, una profesora, un médico, un vecino o cualquier persona que escuche al niño y decida no mirar hacia otro lado. El hecho de que sean mayoritariamente las madres es parte del escenario que debemos escudriñar y lo haremos periódicamente en este mismo blog.

Sin embargo, en muchos de los casos presentados en artículos y denuncias colectivas como ejemplos de pretendida violencia vicaria, el daño que experimenta el menor no lo causa directamente su padre, sino el juez que dicta sentencias sin tener en cuenta su relato, su edad, su etapa de desarrollo o su necesidad de protección. Cuando las instituciones se convierten en las ejecutoras de esa violencia, estamos hablando de algo muy  profundo y estructural: violencia institucional.

Existen decisiones judiciales que desoyen, minimizan o niegan el relato del menor, y que priorizan la "autoridad paterna" por encima de su bienestar emocional, físico y psicológico. ¿De verdad estamos ante una nueva forma de violencia, o simplemente estamos maquillando con un nombre más políticamente funcional la violencia institucional?

Muchos de los casos catalogados (o esgrimidos) como supuesta violencia vicaria se desarrollan de la siguiente manera: una madre denuncia que el padre de sus hijos ha cometido abusos, malos tratos o comportamientos inadecuados. A pesar de la denuncia —y a menudo sin pruebas concluyentes que absuelvan ni condenen al denunciado—, el juez penal archiva la causa y el juez de familia  dicta medidas que afectan profundamente la vida del niño.

A veces, esas medidas implican retirar la custodia a la madre. Otras veces, más insidiosamente, se imponen visitas obligatorias con el padre, aun cuando el niño ha expresado con claridad que no quiere verlo, que tiene miedo, o que no se siente seguro. En muchos de estos casos, la madre es amenazada con perder la custodia si no fuerza al niño a cumplir con esas visitas, aun en contra de su voluntad y su bienestar emocional.

¿De qué estamos hablando entonces? ¿De un padre ejerciendo violencia contra la madre a través del hijo? ¿De un juez que condena a un niño a pasar las vacaciones y los fines de semana con alguien violento o alcohólico? ¿O de un juez obligando a una madre a traicionar a su hijo, bajo amenaza de castigo judicial si no convence al niño de que acuda a las visitas sonriente y recién peinado?

En estos escenarios, la figura del agresor se traslada, inevitablemente, del padre al aparato judicial. Es el juez quien impone la custodia compartida, es el juez que fija las visitas y es el juez quien amenaza con multas y con inversión de guarda si no se obedecen sus sentencia.

Son los jueces los que imponen custodias compartidas de bebés lactantes y valdría recordar aquí lo que dice el sabio refrán de que contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. Cualquiera que desee la custodia compartida de un bebé lactante, lo último que desea es el bien de esa criatura. Correspondería al juez contestar que no procede, pero no, amparado en la actual doctrina de moda en los juzgados la mal llamada "doctrina del bien superior del menor" el juez puede imponer una custodia compartida que es una tortura para el recién nacido y por supuesto para su madre.  

Es en los juzgados donde el juez  desoye el relato de un niño que denuncia abuso. Es el juez quien amenaza a la madre si no obliga al niño a ver a su agresor.Es el juez quien aplica (junto a su equipo técnico) una tortura judicial ampliamente implementada que se llama "la terapia de la amenaza" . Quien no lo crea puede buscarlo por ese mismo nombre.

El daño que estamos relatando no se produce en lo privado: se ejecuta desde lo institucional. Entonces, ¿de dónde nace  esta intención tan torcida como clara de inculpar al padre y exculpar a los jueces y peritos por todo este horror?

Hagamos como los detectives de las películas y preguntémonos, ¿quiénes se benefician de dividir y subdividir la violencia  como si fueran hallazgos y descubrimientos? ¿Por qué se necesitan constantemente nuevos nombres, nuevas etiquetas, nuevas categorías, en lugar de reconocer que lo que hay es una misma estructura de impunidad operando con distintos rostros? 

La invención (y no descubrimiento) del concepto violencia vicaria no es un caso aislado, últimamente se han inventado muchos neologismos que tratan de redefinir la realidad desde nuevas miradas, supuestamente capacitadas para hacerlo y han nacido así nuevas fobias y filias, nuevas definiciones de lo que es una mujer o nuevos odios pretendidamente  detectables y factibles de der juzgados. A veces parece que los pecados han sido añadidos al código penal y al código civil sin que nos hayamos percatado.

Uno de esos inventos es el de “alienación parental” que al igual que la "violencia vicaria" parece más una estrategia de marketing ideológico que una herramienta real de protección. Ambos  términos se disputan protagonismo en artículos y en juzgados, y los dos hacen  que se aleje el foco de lo único que importa: lo que el niño ha contado y lo que el niño ha sufrido.

Si partimos de la lógica que sustenta la violencia vicaria —es decir, que un padre puede usar a sus hijos para herir a la madre—, entonces también deberíamos aceptar como válida la idea de que una madre podría usar a sus hijos para herir al padre. Eso es, precisamente, lo que plantea el concepto de alienación parental.

Ambas nociones (violencia vicaria y alienación parental) se encuentran en el debate público, y ambas  comparten una raíz profundamente perversa: las dos  asumen que los niños no dicen la verdad, que son fácilmente manipulables, y que lo que relatan no debe ser tomado en serio, sino interpretado como una herramienta de guerra entre adultos.

Así, cuando un niño dice que su padre lo maltrata, y su madre denuncia, se la acusa a ella, sea directamente por el padre, por su abogado o por los peritos forenses y el juez,  de ser alienadora. Y cuando el niño termina siendo arrancado de los brazos de su madre por orden judicial, y se lo obliga a vivir con su padre, se dice que eso es violencia vicaria, que el padre lo hace para castigarla a ella, sin tener en cuenta que quien da la orden de invertir la guarda o concederla de forma unilateral al progenitor es el juez.

Por decirlo en palabras sencillas, las madres malas usan la alienación parental para herir a los padres buenos, y los padres malos usan la violencia vicaria para herir a las madres buenas.

¿Pero dónde está la verdad del niño? ¿Dónde están su voz, su miedo, sus deseos y la experiencia que relata como vivida? Lo terrible es que en ambos discursos —el de la alienación y el de la vicaria— el niño es solo un objeto de disputa, no un sujeto de derecho. La lucha no es por él, sino a través de él. El lenguaje cambia, pero el desamparo permanece.

Al final, mientras se disputan narrativas, teorías y neologismos, lo esencial se pierde y lo que se pierde es el niño. En lugar de seguir inventando etiquetas, conceptos y categorías que nos alejan del centro del problema, tal vez ha llegado la hora de hablar con claridad.

Lo que muchos llaman “violencia vicaria” no es más que una forma encubierta de violencia institucional. Y lo que otros llaman “alienación parental” no es más que un instrumento para silenciar a quien denuncia lo que no se quiere oír, es decir, tortura institucional.

Ambas narrativas son útiles para distintos sectores ideológicos, jurídicos y académicos y han servido para ocultar el verdadero conflicto: un sistema judicial que desoye a los niños, castiga a quienes los defienden y protege a quienes deberían ser investigados con más rigor. Y que ante la falta de pruebas jamás encarcela a alguien, pero tampoco obliga a quienes los acusan de convivir con ellos.

En el actual sistema se prefiere acusar a una madre de alienadora antes que respetar lo que su hijo ha relatado y por supuesto  se escoge hablar de violencia vicaria antes que admitir que se han separado niños de sus figuras de apego sin motivos coherentes. Es, en fin, un sistema que crea ficciones para no asumir su responsabilidad y que mantiene sin que se le mueva un pelo que un agresor de mujeres, sea un practicante de violencia verbal o hasta un golpeador, puede ser un buen padre.

No es necesario detectar nuevas formas de violencia. Lo que hace falta es reconocer que hay una gran violencia soterrada que muta, se disfraza, y se perpetúa cuando las instituciones fallan: la violencia institucional.

Y mientras todo esto ocurre en los papeles, en los juzgados, en los discursos políticos o en las publicaciones científicas o periodísticas, hay un niño que sigue esperando que alguien lo respete y respete sus deseos. Con pruebas o sin pruebas del abuso que dice haber sufrido, tiene deseos y temores y eso hay que respetarlo. Él no es un detective que debe aportar pruebas,  es un niño con miedo.

Los niños no se escuchan, eso es una castaña hueca, los niños y las niñas se respetan. La carne molida es para las hamburguesas.

Isabel Salas