Reflexiono sobre cómo el sistema jurídico puede utilizar nuestros pretendidos ‘derechos’ como instrumentos de sumisión institucional.
Después de transitar varias décadas por mi amado mundo, sigo aprendiendo cada día, pero también voy sacando algunas conclusiones, una de las más perturbadoras es que vivimos bajo una ficción jurídica en la cual, ingenuamente, celebramos que los derechos nos protegen. Sin embargo, en la práctica, el Estado, (nuestro querido Estado de Derecho) usa esos mismos derechos como herramienta de control y cada vez lo hace más a las claras y con menos anestesia.
El destino vital de una persona, especialmente durante la infancia, está intervenido, dirigido y condicionado por estructuras normativas que escapan al control individual. Aunque el término "destino vital" no figura en ningún código, es una categoría político-jurídica de facto que define sin ambages qué vida puedes tener, bajo qué condiciones y con qué límites. Y ese control no está en manos de las familias ni del individuo, sino del Estado, pues el derecho interviene directamente en los elementos que lo componen: la residencia del menor, el centro educativo y el modelo pedagógico, la custodia y régimen de visitas, la educación moral, religiosa o ideológica, los tratamientos médicos o psicológicos, y el entorno social y cultural. Estos aspectos, que definen el rumbo de vida de una persona, son regulados por normas civiles, administrativas y penales. En situaciones de conflicto o riesgo (según lo que el Estado entienda por "riesgo"), se impone el criterio estatal. Por tanto, el concepto, aunque no codificado, es operativamente gestionado por el poder judicial y administrativo, y a eso voy.
Encontré un punto que para mí es fundamental, aunque ni en el derecho español, ni en la tradición jurídica internacional en general, se parte de la premisa de que los hijos sean propiedad del Estado, nos encontramos enseguida con una gran trampa al profundizar: se reconoce que el interés superior del menor constituye un interés público. Esa sola categoría ya basta para justificar la intervención del Estado en el ámbito familiar. El hecho de que el menor no sea propiedad estatal no impide que el Estado ejerza un dominio efectivo sobre su vida, amparado en su autodefinido deber de protección.
Por decirlo más claro, ni los niños ni nosotros, somos patrimonio del estado, pero al erigirse dicho estado como garante de nuestros "derechos" se convierte de hecho en el dueño de nuestro destino.
Volviendo a los niños, el Estado no necesita declararse dueño del menor para actuar como tal. A través de una doctrina autojustificativa —el "interés superior del menor"— interviene, impone y restringe. Dicho sea de paso esta doctrina no es tan vieja, en realidad es un invento reciente en el cual profundizaré otro día.
Primero, ejerce un control total sobre los derechos fundamentales del menor: educación, custodia, relación afectiva, entorno ideológico, etc., con base en su propia interpretación del interés del menor. Segundo, mantiene un monopolio absoluto sobre la definición y alcance de esos derechos: es el Estado quien los otorga, los interpreta y los restringe según convenga. Tercero, subordina la patria potestad a su criterio: los progenitores ya no tienen una autoridad natural, sino condicional, sujeta a criterios normativos impuestos desde fuera. Y cuarto, deja en manos de los jueces un margen de discrecionalidad que en la práctica se convierte en arbitrariedad. En los procesos contenciosos, el interés del menor se enuncia pero no se demuestra, y las decisiones se adoptan sin exigencia real de motivación.
Esto último es gravísimo, pues el interés superior del menor opera como una cláusula de cierre. Confiere legitimidad a cualquier decisión judicial sin necesidad de fundamentación sólida. Aunque en casi todas las Constituciones existe un artículo que exige la motivación de las resoluciones, en la práctica se repiten fórmulas genéricas, no se ofrecen pruebas ni criterios objetivos verificables, y la falta de estándares claros permite una discrecionalidad sin freno. La impugnación se convierte en una misión casi imposible. El juez actúa con un poder sin contrapeso, bajo la apariencia de protección.
La estructura legal contemporánea ni siquiera reconoce la autonomía familiar como un derecho inviolable. Reconoce una delegación precaria: los padres pueden criar a sus hijos solo si lo hacen conforme al marco ideológico y normativo del Estado. En cuanto se desvían, el Estado actúa, corrige o directamente sustituye su criterio.
Por tanto no se trata de propiedad formal, sino de poder real. El Estado ejerce un dominio efectivo sobre el destino vital de los menores, disfrazado de protección y legitimado por una retórica de derechos. El derecho nunca es una garantía de libertad, sino una arquitectura de sumisión. La infancia ha sido convertida en un territorio intervenido, y la familia en una institución subsidiaria. El ciudadano nace subordinado o tal vez entra al sistema cuando sus padres lo registran, tras el parto, como un ciudadano más pensando que así garantizarán sus derechos.
Y sí, los derechos quedan garantizados, lo que nadie les advierte en el registro civil es que con ese procedimiento están cediendo su libertad. Y que el bien común, determinado por el estado, estará por encima de su propio bien, aunque lo llamen "superior". Lo peor es que todo esto ocurre sin que (en principio) haga falta violencia visible, y sin que nadie tenga que irrumpir en casa por la fuerza, aunque a veces pasa. Basta con un sello, una resolución y una doctrina bien decorada. Porque cuando el sometimiento se disfraza de derecho, ya no hace falta imponerlo: lo celebramos. Y la violencia institucional sustituye a la justicia.
Y para terminar, creo que debemos hacernos cada día más conscientes de que todo esto no es un fallo pasajero ni un déficit de voluntad política, sino el funcionamiento normal de un sistema que, lejos de corregirse, permanece estable gracias a su propia lógica de control. Personalmente no albergo ilusión alguna de que exista cualquier reforma posible.
Posiblemente yo no lo vea, pero supongo que en algún momento caerá esta pantomima que, día tras día, sacrifica la libertad bajo el pretexto de la protección. Cuando esa arquitectura de sumisión se desplome, de una vez por todas, podremos buscar otra forma de organización social, tal vez un estado de Equidad que sustituya al estado de derecho.
O quién sabe un estado de Justicia, sin tres poderes intocables, sino muchos más, que permitan una mayor participación ciudadana, más control sobre los jueces, y exija más responsabilidad para sus errores y los errores de ,los legisladores, menos fueros que protejan a unos pocos y en fin... todo lo que hoy nos arrastra como un lastre hacia un fondo sin fin (seguramente) porque el derecho a flotar aún no existe.
Isabel Salas
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