MATERNIDAD: ESPEJISMO JURÍDICO

 Aclaremos de una vez de quien son los hijos que parimos.

En los autoproclamados países occidentales, las mujeres, hoy más que nunca,  enfrentan una paradoja brutal: se les dice que pueden elegir, decidir, ser libres, casarse por amor y construir familias protegidas por la ley, pero la realidad jurídica es otra.Digamos que son un tanto libres pero siempre dentro del corralito legal invisible que nos rodea. El sistema jurídico, desde los romanos hasta hoy,  ha ido convirtiendo el vínculo madre-hijo en un vínculo vigilado y tutelado, incluso en los casos en que la madre ha sido la principal, o única, cuidadora.

Ni en Brasil, ni en España, ni en ninguno de esos paraísos de "igualdad moderna"  en los que he vivido,  existe mecanismo legal que permita a una mujer dormir tranquila y garantizar que conservará la custodia de sus hijos en caso de ruptura con el padre. Ese príncipe azul que algunas veces es menos azul y más violento de lo que parecía.

Ni un acuerdo prenupcial lleno de firmas, testigos y sellos  notariales, ni un fideicomiso inter vivos, ni una declaración conjunta, tendrán fuerza jurídica suficiente para impedir que, en caso de conflicto, un juez —que no conoce a esos niños ni a esa madre— pueda decidir, a su sola discreción, quién ejercerá la guarda. Y lo hará solo o rodeado de sus cómplices los miembros del equipo psicosocial, pero todos actuarán bajo el mantra abstracto del “interés superior del menor”.

El principio que rige en ese maravilloso sistema es claro, casi elegante en su crueldad: la custodia de los hijos no es materia privada, es materia de "orden público" y "derechos "indisponibles", y por tanto ninguna madre puede escapar a la posibilidad de que la custodia de sus hijos termine  judicializada, incluso aunque exista un acuerdo previo con el padre. Libertad femenina sólo en la medida en que el Estado la mida,  la pese y la tolere.

La única vía que otorga a la mujer un mínimo control —precario e inestable— es no registrar al hijo con el nombre del padre: concentrarse en ser madre soltera y no permitir que el padre figure formalmente como progenitor legal.  Este método, por supuesto, ha sido siempre mal visto socialmente y han insultado a las madres que optan por él, confundiendo su libertad con promiscuidad y catalogando a sus hijos como bastardos.

Pero atención, incluso así, aunque impidas que figure el progenitor en el certificado de nacimiento, el Estado puede intervenir, porque cualquier tercero, un vecino entrometido o una cuñada envidiosa, puede denunciar a esa madre bajo acusaciones de “negligencia”, y el aparato judicial volverá a desplegarse para decidir sobre la vida del niño. Pero al menos habrá un solo frente de batalla llegado el caso y es fácil ganar con pocas y sabias estrategias adicionales.

Nos dicen que el matrimonio  protege a la madre y lo repiten desde todos sus micrófonos, para convencernos a las hembras de que necesitamos ese amparo legal para estar tranquilas. Sin embargo, en realidad,  nadie nos explica que nos colocamos en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica, porque institucionaliza la igualdad de derechos parentales y activa automáticamente la tutela estatal sobre la relación madre-hijo. Dejamos de ser mamíferos para tener el mismo grado de importancia que el progenitor en la vida del hijo que hemos parido.

Se dice que la ley protege a las familias, y eso es cierto —pero sólo si recordamos qué entiende históricamente el derecho por familia: el conjunto de esclavos, hijos y esposa pertenecientes a un hombre libre, bajo su autoridad absoluta. Eso es lo que la ley protege y sigue protegiendo hoy bajo formas renovadas y políticamente correctas: una estructura funcional al patriarcado, no a la libertad ni mucho menos a la maternidad autónoma.

Esta verdad incómoda tiene consecuencias visibles pero poco mencionadas: muchas mujeres jóvenes renuncian hoy directamente a la maternidad; otras optan por criar solas, fuera del radar; y muchas más se sienten atrapadas en un sistema donde pueden ser despojadas de sus hijos mediante decisiones judiciales que no necesitan demostrar daño real, sino simplemente declarar que su criterio es “lo mejor para el niño”.

El co-mothering o motherhood pod, fenómeno reciente, es una forma de convivencia o red colaborativa entre madres, generalmente solteras o con familia dispersa, que deciden unirse para criar a los hijos en comunidad. Cada madre aporta tiempo, recursos, cuidado y compañía, generando una red de apoyo mutuo que puede incluir co-habitación, cuidado compartido, compras e incluso decisiones educativas. 

TODAY describe cómo dos madres solteras en Vermont compraron una casa con otras dos mujeres y decidieron criar a sus hijos juntas. Lo llamaron “Siren House”, una casa comunitaria donde comparten crianza, gastos, tiempo y compañía. He compartido el enlace para quien quiera leer el reportaje. Muy recomendable. Una respuesta concreta al aislamiento y la precariedad de muchas madres solteras. No garantiza derechos legales sobre los hijos, pero fortalece lo social, emocional y material de la crianza compartida y es un gran apoyo a todos los niveles incluido el legal.

Hacen falta soluciones creativas en tiempos de crisis y soluciones radicales en tiempos de guerra. Por si alguien no se ha dado cuenta el sistema patriarcal ha estado y siguue estando en guerra contra la madre. No contra la maternidad. Ese concepto les encanta a todos y exaltado como algo noble. Al final, la maternidad es el método a través del acual los hombres tienen hijos.

Sin embargo las madres molestan.   Plantearse la maternidad sin padre reconocido puede ser una buena solución para quienes quieren ser madres si presión y sin miedo de perder a sus hijos.

Para quienes se quieren arriesgar a vivir la maternidad en pareja, con todo lo que he expuesto, el tema se reduce a un consejo doloroso pero honesto: escoge muy bien con quién quieres tener hijos, porque ese hombre será el que te encontrará en los tribunales si la relación fracasa.

El amor romántico puede elegirse con quien se desee; la maternidad, si está formalizada jurídicamente, es otra cosa: es una relación donde el padre y el juez compartirán el poder sobre tu hijo, y tú serás la administrada, la vigilada y la sospechosa en caso de conflicto.

Nada protege realmente a las madres de este aparato.

Y ninguna mujer debería ignorarlo antes de casarse o registrar a un hijo con el apellido de un hombre que, si mañana se convierte en su adversario, tendrá el respaldo pleno del sistema jurídico. No importa si es violento, alcohólico o abusador, el sistema patriarcal judicial, inspirado en la importancia del pater familia está diseñado por y para el padre. No para la madre. Una madre que espera protección y justicia del juzgado de familia es tan ingenua como un vegano que quiere acariciar a un tigre vivo.

El tigre no es vegano.

Y ten en cuenta que el juzgado de familia protege a la familia cuyo propietario es el hombre. A la tuya no. Nunca lo olvides.

 Isabel Salas 

 

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VIOLENCIA VICARIA: ¿DESCUBRIMIENTO O INVENTO?

Análisis crítico del concepto de violencia vicaria y su aplicación institucional, cuestionando su impacto en los derechos del menor y la justicia familiar.

 

 

 

En los últimos años ha tomado fuerza el término "violencia vicaria", como otra nueva forma (descubierta) de violencia de género. Este invento es definido por sus entusiastas, como aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona. Es decir, el padre u otro hombre usa los hijos de una mujer como instrumento para dañar a esa madre. Como si los niños fueran martillos que ni sienten ni padecen.

La incorporación de este concepto en los discursos feministas e institucionales ha sido sospechosamente rápida y estratégica, presentándola como una “nueva forma” de violencia machista, recientemente detectada y bautizada, que debe ser visibilizada, perseguida y castigada.

Sin embargo, esta categorización encierra un problema grave. Para empezar, es fundamental distinguir entre la violencia que ocurre fuera del ámbito judicial —en la intimidad de los hogares o en la calle, entre particulares— y la que se comete dentro de los juzgados, amparada o ejecutada por las instituciones del Estado. La primera, si bien dolorosa y muchas veces brutal, pertenece al plano privado; puede ser cometida, en principio, por cualquiera de los progenitores, aunque por razones muy diferentes, y debe ser atendida con rigor. La segunda, en cambio, es responsabilidad directa del poder judicial, que con sus decisiones puede agravar, perpetuar o incluso generar una nueva forma de sufrimiento, tanto para el niño como para el adulto, que en su nombre, denuncia los hechos relatados por el niño. Recordemos que los niños no pueden denunciar solos y siempre será un adulto quien denuncie lo que ellos previamente le  han contado.

Ese adulto suele ser su madre, pero teóricamente podría ser su padre,  su abuela, una profesora, un médico, un vecino o cualquier persona que escuche al niño y decida no mirar hacia otro lado. El hecho de que sean mayoritariamente las madres es parte del escenario que debemos escudriñar y lo haremos periódicamente en este mismo blog.

Sin embargo, en muchos de los casos presentados en artículos y denuncias colectivas como ejemplos de pretendida violencia vicaria, el daño que experimenta el menor no lo causa directamente su padre, sino el juez que dicta sentencias sin tener en cuenta su relato, su edad, su etapa de desarrollo o su necesidad de protección. Cuando las instituciones se convierten en las ejecutoras de esa violencia, estamos hablando de algo muy  profundo y estructural: violencia institucional.

Existen decisiones judiciales que desoyen, minimizan o niegan el relato del menor, y que priorizan la "autoridad paterna" por encima de su bienestar emocional, físico y psicológico. ¿De verdad estamos ante una nueva forma de violencia, o simplemente estamos maquillando con un nombre más políticamente funcional la violencia institucional?

Muchos de los casos catalogados (o esgrimidos) como supuesta violencia vicaria se desarrollan de la siguiente manera: una madre denuncia que el padre de sus hijos ha cometido abusos, malos tratos o comportamientos inadecuados. A pesar de la denuncia —y a menudo sin pruebas concluyentes que absuelvan ni condenen al denunciado—, el juez penal archiva la causa y el juez de familia  dicta medidas que afectan profundamente la vida del niño.

A veces, esas medidas implican retirar la custodia a la madre. Otras veces, más insidiosamente, se imponen visitas obligatorias con el padre, aun cuando el niño ha expresado con claridad que no quiere verlo, que tiene miedo, o que no se siente seguro. En muchos de estos casos, la madre es amenazada con perder la custodia si no fuerza al niño a cumplir con esas visitas, aun en contra de su voluntad y su bienestar emocional.

¿De qué estamos hablando entonces? ¿De un padre ejerciendo violencia contra la madre a través del hijo? ¿De un juez que condena a un niño a pasar las vacaciones y los fines de semana con alguien violento o alcohólico? ¿O de un juez obligando a una madre a traicionar a su hijo, bajo amenaza de castigo judicial si no convence al niño de que acuda a las visitas sonriente y recién peinado?

En estos escenarios, la figura del agresor se traslada, inevitablemente, del padre al aparato judicial. Es el juez quien impone la custodia compartida, es el juez que fija las visitas y es el juez quien amenaza con multas y con inversión de guarda si no se obedecen sus sentencia.

Son los jueces los que imponen custodias compartidas de bebés lactantes y valdría recordar aquí lo que dice el sabio refrán de que contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. Cualquiera que desee la custodia compartida de un bebé lactante, lo último que desea es el bien de esa criatura. Correspondería al juez contestar que no procede, pero no, amparado en la actual doctrina de moda en los juzgados la mal llamada "doctrina del bien superior del menor" el juez puede imponer una custodia compartida que es una tortura para el recién nacido y por supuesto para su madre.  

Es en los juzgados donde el juez  desoye el relato de un niño que denuncia abuso. Es el juez quien amenaza a la madre si no obliga al niño a ver a su agresor.Es el juez quien aplica (junto a su equipo técnico) una tortura judicial ampliamente implementada que se llama "la terapia de la amenaza" . Quien no lo crea puede buscarlo por ese mismo nombre.

El daño que estamos relatando no se produce en lo privado: se ejecuta desde lo institucional. Entonces, ¿de dónde nace  esta intención tan torcida como clara de inculpar al padre y exculpar a los jueces y peritos por todo este horror?

Hagamos como los detectives de las películas y preguntémonos, ¿quiénes se benefician de dividir y subdividir la violencia  como si fueran hallazgos y descubrimientos? ¿Por qué se necesitan constantemente nuevos nombres, nuevas etiquetas, nuevas categorías, en lugar de reconocer que lo que hay es una misma estructura de impunidad operando con distintos rostros? 

La invención (y no descubrimiento) del concepto violencia vicaria no es un caso aislado, últimamente se han inventado muchos neologismos que tratan de redefinir la realidad desde nuevas miradas, supuestamente capacitadas para hacerlo y han nacido así nuevas fobias y filias, nuevas definiciones de lo que es una mujer o nuevos odios pretendidamente  detectables y factibles de der juzgados. A veces parece que los pecados han sido añadidos al código penal y al código civil sin que nos hayamos percatado.

Uno de esos inventos es el de “alienación parental” que al igual que la "violencia vicaria" parece más una estrategia de marketing ideológico que una herramienta real de protección. Ambos  términos se disputan protagonismo en artículos y en juzgados, y los dos hacen  que se aleje el foco de lo único que importa: lo que el niño ha contado y lo que el niño ha sufrido.

Si partimos de la lógica que sustenta la violencia vicaria —es decir, que un padre puede usar a sus hijos para herir a la madre—, entonces también deberíamos aceptar como válida la idea de que una madre podría usar a sus hijos para herir al padre. Eso es, precisamente, lo que plantea el concepto de alienación parental.

Ambas nociones (violencia vicaria y alienación parental) se encuentran en el debate público, y ambas  comparten una raíz profundamente perversa: las dos  asumen que los niños no dicen la verdad, que son fácilmente manipulables, y que lo que relatan no debe ser tomado en serio, sino interpretado como una herramienta de guerra entre adultos.

Así, cuando un niño dice que su padre lo maltrata, y su madre denuncia, se la acusa a ella, sea directamente por el padre, por su abogado o por los peritos forenses y el juez,  de ser alienadora. Y cuando el niño termina siendo arrancado de los brazos de su madre por orden judicial, y se lo obliga a vivir con su padre, se dice que eso es violencia vicaria, que el padre lo hace para castigarla a ella, sin tener en cuenta que quien da la orden de invertir la guarda o concederla de forma unilateral al progenitor es el juez.

Por decirlo en palabras sencillas, las madres malas usan la alienación parental para herir a los padres buenos, y los padres malos usan la violencia vicaria para herir a las madres buenas.

¿Pero dónde está la verdad del niño? ¿Dónde están su voz, su miedo, sus deseos y la experiencia que relata como vivida? Lo terrible es que en ambos discursos —el de la alienación y el de la vicaria— el niño es solo un objeto de disputa, no un sujeto de derecho. La lucha no es por él, sino a través de él. El lenguaje cambia, pero el desamparo permanece.

Al final, mientras se disputan narrativas, teorías y neologismos, lo esencial se pierde y lo que se pierde es el niño. En lugar de seguir inventando etiquetas, conceptos y categorías que nos alejan del centro del problema, tal vez ha llegado la hora de hablar con claridad.

Lo que muchos llaman “violencia vicaria” no es más que una forma encubierta de violencia institucional. Y lo que otros llaman “alienación parental” no es más que un instrumento para silenciar a quien denuncia lo que no se quiere oír, es decir, tortura institucional.

Ambas narrativas son útiles para distintos sectores ideológicos, jurídicos y académicos y han servido para ocultar el verdadero conflicto: un sistema judicial que desoye a los niños, castiga a quienes los defienden y protege a quienes deberían ser investigados con más rigor. Y que ante la falta de pruebas jamás encarcela a alguien, pero tampoco obliga a quienes los acusan de convivir con ellos.

En el actual sistema se prefiere acusar a una madre de alienadora antes que respetar lo que su hijo ha relatado y por supuesto  se escoge hablar de violencia vicaria antes que admitir que se han separado niños de sus figuras de apego sin motivos coherentes. Es, en fin, un sistema que crea ficciones para no asumir su responsabilidad y que mantiene sin que se le mueva un pelo que un agresor de mujeres, sea un practicante de violencia verbal o hasta un golpeador, puede ser un buen padre.

No es necesario detectar nuevas formas de violencia. Lo que hace falta es reconocer que hay una gran violencia soterrada que muta, se disfraza, y se perpetúa cuando las instituciones fallan: la violencia institucional.

Y mientras todo esto ocurre en los papeles, en los juzgados, en los discursos políticos o en las publicaciones científicas o periodísticas, hay un niño que sigue esperando que alguien lo respete y respete sus deseos. Con pruebas o sin pruebas del abuso que dice haber sufrido, tiene deseos y temores y eso hay que respetarlo. Él no es un detective que debe aportar pruebas,  es un niño con miedo.

Los niños no se escuchan, eso es una castaña hueca, los niños y las niñas se respetan. La carne molida es para las hamburguesas.

Isabel Salas