LA ILUSIÓN DEL CASO EMBLEMÁTICO

Todo está encendido, pero nada avanza.  Una escena que parece acción, pero es pausa. Hay visibilidad pero el proceso está descuidado.

 

En todos los años que llevo estudiando sobre las retiradas de custodia a las madres, he observado un fenómeno común en todos los países: ciertos casos captan atención mediática y se transforman, artificial y temporalmente, en emblemáticos. Alguien les dice, o ellas mismas llegan a una conclusión que es una ilusión: la visibilidad moverá montañas.

Sin embargo, los expedientes de los juzgados de familia no se conmueven con trending topics. La justicia, cuando se mueve, no suele hacerlo por presión pública. Y si un niño vuelve con su madre, casi nunca es por reparación ni porque el juzgado reconozca un error. Las poquísimas veces en que un niño regresa, suele ser porque alguien más denuncia los abusos que continúa sufriendo —ahora que la madre ya no puede “manipular nada” y el violento resulta imputado. Una profesora, un vecino e incluso otro familiar que observan la situación consiguen en pocos meses que se investigue a fondo lo que la madre (mentirosa, resentida, obstructora, alienadora etc) no consiguió en años.

Esto sucede en contadísimas excepciones. Lo habitual, lo que pasa en los casos que se vuelven bandera,  es que la madre desconcertada y sin poder asumir su nueva realidad, empiece a moverse de acá para allá contando su historia, esperando genuinamente “que alguien haga algo”. Concejales, conocidos, diputados, periodistas....escuchan con empatía pero nada pueden hacer, al final, eso de que los "tres poderes" esté bien separaditos, impide que los diputados puedan influir en una decisión judicial.

Y, en la mayoría de los casos, la madre descuida el expediente judicial, que es donde está la única posibilidad real de volver a ver al hijo que le han arrancado de los brazos. Mientras el mundo sigue al símbolo, el expediente se enfría. Y el tiempo, el arma más eficaz del sistema, hace su trabajo: desgasta vínculos, erosiona memoria afectiva y organiza el olvido.

A lo niños suelen decirles que su mamá esta enferma y debe cuidarse para poder volver a ser parte de su vida. Al dolor de estar sin su madre se une la preocupación de saberlas mal de salud y no poder verlas.

Sin embargo el tiempo apremia y cuanto más pequeños son los niños, antes hay que ponerse las pilas: leer y releer el expediente, entender qué hace falta para que  te permitan tener visitas vigiladas lo antes posible, después sin vigilancia, y si todo va bien —con los tratamientos psicológicos que te impondrán y que tendrás que hacer— empezar, con suerte, a llevarte a tu hijo a casa algunos días sueltos, luego algunos fines de semana. Con los años, tal vez puedas tenerlo en vacaciones.

Este camino de amargura, que hasta ahora es el único que permite a las madres volver a acercarse a sis hijos,  requiere entender una verdad incómoda: a los niños se los lleva el juzgado, y no hay otra forma de recuperarlos que obedeciendo.

Para eso les quitan los hijos a las madres: para que se sometan, acepten tratamientos, y puedan ser humilladas. Servir de ejemplo a otras madres sí, pero el ejemplo que a los jueces les gusta. Madres entrando por el aro.

En la televisión las empoderan. En las ONGs que las rodean, a veces las contienen, otras veces las usan. Pero en ninguno de esos escenarios les devuelven a sus hijos.

Estas madres mediáticas caen, inevitablemente, en otra trampa: el mito del “caso que lo cambiará todo”. Suena bien, es esperanzador, pero funcionalmente inútil. Ellas piensan —ingenua y genuinamente— que su caso es diferente. Y ese pensamiento, aunque falso, les sirve como defensa psíquica. Creer que lo propio es excepcional protege del sentimiento de impotencia, pero desvía energías del único lugar donde aún pueden existir soluciones reales: el proceso judicial.

Así, lo urgente se traslada al escenario público —que premia el drama—, y lo necesario queda relegado. Se pierden plazos. Se dejan de recurrir decisiones clave. Se desobedecen, de forma irreflexiva, medidas judiciales que, aunque humillantes, son muchas veces el único camino hacia el reencuentro con el hijo.

Esa ilusión no es fruto de inmadurez ni de falta de inteligencia. Nace del dolor extremo y de la necesidad de encontrarle sentido. En medio de una crisis aguda, la mente busca una narrativa que ordene la catástrofe. Así empieza el ciclo de repeticiones: “si lo cuento lo suficiente, esto va a cambiar, alguien hará algo”. El relato se  repite hasta fijarse de manera casi mecánica. Y eso permite que la madre actúe sin quebrarse.

Pienso que ese personaje —el que habla, el que da entrevistas, el que sigue contando— resulta más tolerable para la madre en cuestión que la propia herida. Es él quien le permite sostenerse en esa misión mediática.

Por otro lado, los medios de comunicación recompensan tramas simples, antagonistas claros, emociones en primer plano. La figura de la madre conmovedora garantiza atención, aunque empobrezca la comprensión jurídica del caso. No se profundiza en los detalles, en la violencia institucional explicada paso a paso. No se leen los sermones moralistas de los jueces, sólo les interesan el ruido y las lágrimas.

Y así, la exposición mediática crece,  el expediente se vuelve cada vez más frío, mas lejano y más abandonado.

¿Y por qué la visibilidad no revierte medidas judiciales? Sencilla respuesta, porque hacerlo implicaría admitir fallas en informes, pericias o decisiones técnicas. Y el sistema protege su continuidad. Se invocará la “estabilidad del menor” como principio rector para no devolver el niño a su madre. Incluso cuando esa estabilidad sea una ficción construida sobre mentiras, errores o mala fe. 

Las estructuras judiciales sólo modifican lo dictado cuando hay vicios procesales claros o hechos nuevos demostrables. Nunca por escándalo mediático.

A veces, la visibilidad incluso juega en contra. Cuanto más emocional sea la exposición, más fácil será deslegitimar a la madre: impulsiva, obsesiva, manipuladora. Lo que se muestra como clamor público puede convertirse en evidencia desfavorable ante el juez. El personaje mediático termina usándose en su contra en las salas y en los pasillos del tribunal.

En la justicia de familia, quien controla el tiempo, controla el vínculo. Cada mes sin contacto significativo reescribe el mapa emocional del niño. A los tres años, la distancia duele; a los seis, se transforma en identidad. 

Además, el expediente tiene su propia “letra chica”: si no hay constancias regulares de cumplimiento, si no se presentan informes de las terapias, si no hay escritos a tiempo, el sistema interpreta que no hay interés. No escucha  ruido ni pataletas en las redes sociales: lee informes y calendarios.

Convertirse en símbolo tiene costos subjetivos altos. Sostener una identidad pública consume recursos emocionales que luego faltan para sostener la vida cotidiana y el proceso. Las entrevistas, los foros, los lives, los viajes, muchas veces desplazan las pericias, los oficios, las terapias exigidas y hasta el propio empleo. Y ese desplazamiento no se ve, pero tiene un costo. Además, las consignas simplistas que exigen los tiempos cortos de la televisión y los relatos erráticos o exagerados, dañan la causa materna en general. El sistema necesita caricaturas para justificar los arrancamientos y las inversiones de guarda. Y el personaje, sin quererlo, se las sirve en bandeja.

¿Quiere decir esto que la visibilidad no sirve para nada? No. Sirve para otras cosas. Puede disuadir excesos, generar redes de apoyo económico y terapéutico, instalar temas en la agenda pública. Pero no puede, por sí sola, revertir decisiones. No puede reemplazar pericias, tratamientos, oficios, ni el registro de cumplimiento que un juzgado está obligado a mirar. La visibilidad sin proceso es espectáculo. El proceso sin visibilidad puede ser asfixia. La estrategia es otra: jerarquizar el expediente y usar la comunicación como escudo, no como arma.

Para eso, hay recursos mínimos que pueden organizarse incluso en el caos: un calendario procesal claro, recordatorios internos antes de cada vencimiento, una carpeta digital con pruebas ordenadas. Constancias de tratamientos. Asistencia a pericias. Registro sobrio de cada interacción permitida. Comunicación pública  nula o muy medida, verificable, sin acusaciones nuevas y sin decir que niños que están con el padre por orden judicial, en realidad están secuestrados. Esto es un tiro en el pie y lo he escuchado en varios idiomas de diferentes madres. 

La madre necesita un guion con frases vertebrales para no improvisar durante plazos críticos. Coordinación semanal con abogado y terapeuta. Y una red de apoyo que sostenga la visibilidad, para que la madre pueda sostener el proceso.

Porque hay cosas que se pierden si no se realizan en tiempo y forma. Visitas supervisadas que podrían haberse ampliado. Tratamientos que habrían abierto puertas. Pedidos modestos que no se hicieron. Lenguaje técnico que no se usó. El expediente no premia heroísmo: premia constancia y sumisión.

Y cada mes invertido en ruido es un mes perdido en persistencia. La constancia, en estos casos, es la forma más eficaz de resistencia.

No se trata de callar el dolor. Se trata de no entregarlo al espectáculo. La causa materna no necesita mártires virales. Necesita criterio, paciencia, papeles en orden y una narrativa austera. La sobriedad no es frialdad: es disciplina. 

Por ultimo, es necesario decir que los casos emblemáticos, que nacen con la noble misión de visibilizar una realidad cruel, tienen un efecto dominó. Acaban invisibilizando, sin querer, a decenas de miles de otras madres, que piensan que si el caso emblemático se resuelve, los suyos también tendrán solución.O peor, se enfocan en convertirse en mediáticas también.

Grave error, cada madre debe cuidar de su propio proceso y hacer su duro y cruel camino sin dejarse deslumbrar por los focos de la fama efímera propia o ajena.

Desde aquí mi sincero abrazo a todas las madres que están viviendo estos duros años.

Isabel Salas 

 

SOBRE HIJOS, MADRES Y CUSTODIAS

Una mirada real sobre las custodias.

 

Siempre escuché, desde niña, que las madres tienen prioridad en la custodia de los hijos, pero al crecer, la vida se encargó  de mostrarme que esa creencia es un espejismo construido sobre un periodo de tiempo ridículamente corto en comparación con la historia. Durante siglos, la custodia no fue un derecho materno ni algo que pudiera negociarse: los hijos eran propiedad del padre y, como tal, su destino dependía de él. Esto no era una excepción ni una peculiaridad de ciertas culturas; era la norma en prácticamente todo el mundo.

En la Antigua Roma, por ejemplo, el padre tenía un poder absoluto sobre su familia, un concepto llamado patria potestas, que no solo le permitía tomar decisiones sobre la educación o el futuro de sus hijos, sino que también le daba la autoridad de venderlos, castigarlos o incluso deshacerse de ellos si lo consideraba necesario. La madre, por más que los criara y los amara, no tenía derechos legales sobre ellos. En caso de divorcio, los hijos se quedaban con el padre y la madre simplemente desaparecía de la ecuación.

A lo largo de la Edad Media, con el catolicismo dominando las leyes familiares, la situación no mejoró. El matrimonio se convirtió en un vínculo sagrado e indisoluble, lo que significaba que el divorcio prácticamente dejó de existir. Cuando, por circunstancias extremas, una pareja se separaba, la custodia de los hijos recaía sin discusión en el padre o en su familia. No importaba si la madre era la principal cuidadora, si los había parido o si eran pequeños y necesitaban su protección. La lógica era simple: el hombre tenía la responsabilidad económica, el linaje y el apellido, por lo tanto, tenía derecho a quedarse con los hijos.

Algo similar ocurría en la China imperial, donde las mujeres podían ser repudiadas por su marido por razones que hoy nos parecerían surrealistas, como no haber dado a luz un hijo varón o ser demasiado celosas. Cuando esto pasaba, la mujer debía abandonar la casa y dejar atrás a sus hijos, porque la custodia pertenecía exclusivamente al padre o a sus parientes. Incluso en las clases populares, donde la economía familiar dependía del esfuerzo conjunto, la ley seguía favoreciendo al hombre.

En el mundo islámico medieval, el sistema era un poco diferente, pero no mucho más favorable para las madres. Durante los primeros años de vida, ellas se quedaban con la custodia de los hijos porque se reconocía que eran quienes mejor podían criarlos en la infancia. Sin embargo, ese derecho tenía fecha de caducidad: cuando los niños llegaban a determinada edad, pasaban automáticamente a la tutela del padre o de su familia. La madre podía seguir viéndolos, pero ya no tenía control sobre su destino.

A lo largo de la historia, el único resquicio de luz para las mujeres en términos de custodia se encontró en algunas sociedades africanas precoloniales, donde la descendencia se trazaba a través de la línea materna. En comunidades como la de los Ashanti en África Occidental, los hijos pertenecían al clan de la madre, y en caso de separación no había debate: los niños se quedaban con ella. Pero este tipo de estructuras matrilineales fueron la excepción, y con la llegada del colonialismo europeo, fueron rápidamente desmanteladas para imponer el modelo patriarcal europeo, donde la custodia volvía a recaer en el padre.

El gran punto de inflexión no llegó hasta el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Fue entonces cuando, por primera vez, algunos países comenzaron a considerar la idea de que los niños pequeños deberían quedarse con sus madres tras un divorcio. La primera ley que reconoció esto fue la Custody of Infants Act de 1839 en Reino Unido, que permitió a las madres obtener la custodia de sus hijos menores de siete años. Siete años. Ni siquiera la custodia completa, sino un derecho limitado que apenas se aplicaba en casos excepcionales.

Si ponemos esto en perspectiva, significa que las madres han tenido prioridad en la custodia durante aproximadamente 185 años, lo que es una fracción minúscula en comparación con los siglos de dominio absoluto de los padres. Y aún hoy, esa supuesta ventaja materna es más un espejismo que una realidad. Las leyes de custodia compartida, que en teoría buscan la igualdad, muchas veces funcionan como una herramienta para debilitar la conexión entre la madre y sus hijos, repitiendo un patrón que se ha mantenido durante siglos.

La historia de la custodia infantil no es solo una historia de leyes, sino una historia de poder. Los hijos siempre han sido un instrumento de control sobre las mujeres, y aunque las palabras en los códigos legales han cambiado, la esencia del sistema sigue siendo la misma. La justicia familiar moderna no es un mundo nuevo y equitativo, sino un reflejo de la misma desigualdad histórica con un nuevo envoltorio. Y si algo nos enseña la historia es que los cambios superficiales no significan justicia real.

Cómo curiosidad y detalle no menor, quiero añadir que el poco tiempo en que las madres se quedaron con sus hijos pequeños se debió a que se comenzó a aplicar en los juzgados la doctrina de los tiernos años a mediados del siglo XIX, con el Custody of Infants Act de 1839 en Reino Unido, al que antes me referí, marcando el primer reconocimiento legal de que los niños pequeños, especialmente los menores de siete años, debían permanecer con sus madres tras un divorcio. Esta idea, impulsada por la percepción de que las madres eran las principales cuidadoras durante los primeros años de vida, se fue extendiendo gradualmente a otros países y consolidándose en la jurisprudencia de las cortes de familia a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta doctrina nunca llegó a representar un verdadero derecho materno, sino más bien una concesión temporal dentro de un sistema que seguía favoreciendo la autoridad paterna.

Con el tiempo, esta doctrina fue reemplazada por la doctrina del pretendido bien superior del menor, que empezó a utilizarse a mediados del siglo XX y que, en teoría, pretendía garantizar que las decisiones sobre custodia se tomaran en función del bienestar del niño y no de los derechos de los padres. Sin embargo, en la práctica, esta doctrina abrió la puerta a una manipulación legal y psicológica, donde la subjetividad de los jueces y la intervención de los llamados "expertos" comenzó a jugar un papel decisivo en los juzgados de familia. Fue en este contexto que los psicólogos entraron en escena, imponiendo su presencia en los procesos judiciales con evaluaciones que no solo carecen de objetividad científica, sino que han servido para justificar decisiones profundamente dañinas para madres e hijos.

La incorporación de la psicología en los juzgados de familia ha sido una de las herramientas más perversas en la legitimación de la violencia institucional contra las madres. Bajo la excusa del "interés superior del menor", se ha convertido en una práctica común separar a los niños de sus madres con argumentos pseudocientíficos, diagnósticos arbitrarios y evaluaciones subjetivas que responden más a prejuicios que a evidencias. Las opiniones de los psicólogos forenses han terminado por suplantar la realidad de los hechos, permitiendo que se despoje a las madres de la custodia bajo acusaciones infundadas de alienación parental, inestabilidad emocional o cualquier otro término que encaje en la narrativa que se necesita para justificar decisiones previamente tomadas.

Lo que se presentó como un intento de proteger a los niños en sus primeros años de vida ha terminado en un mecanismo de deshumanización, donde las madres ya no son vistas como el pilar fundamental en la vida de sus hijos, sino como un obstáculo que puede ser removido si el diagnóstico psicológico de turno lo permite. Así, la doctrina del pretendido bien superior del menor no ha sido más que una herramienta de control, que ha servido para borrar el derecho natural y biológico de los hijos a ser criados por sus madres y de someter a madres e hijos a un sistema judicial que, bajo la apariencia de equidad, perpetúa la misma desigualdad histórica de siempre.

Isabel Salas