EL CAMINITO DEL DERECHO ROMANO

La Iglesia como vehículo principal de transmisión

 

Es bueno ampliar algunos de los conceptos que se expresan en MATERFIESTO  de forma muy sucinta. Uno de esos temas es el de cómo el derecho romano fue transmitido, conservado y transformado durante la Edad Media, en gran medida por la Iglesia y el derecho canónico, pero no podemos olvidarnos del papel que jugaron  los reinos, las ciudades, las universidades y las tradiciones jurídicas locales. Es de esa síntesis de "esfuerzos de conservación" que procede buena parte del derecho europeo moderno.

La Iglesia Católica conservó y utilizó tanto el latín jurídico como categorías del derecho romano; desarrolló un sistema jurídico propio; creó tribunales y procedimientos escritos; formó juristas; reguló matrimonio, herencia, juramentos, moral y disciplina; influyó en la legislación de reyes y ciudades; participó en la formación del ius commune, junto con el derecho romano. 

Cuando las estructuras políticas romanas de Occidente se fragmentaron, la Iglesia mantuvo una organización territorial, personal y documental mucho más continua que la de muchos reinos.

Por eso no se limitó a transmitir palabras. Transmitió una forma romana de pensar jurídicamente al distinguir personas, cosas y acciones, clasificar derechos y obligaciones, organizar competencias y jurisdicciones, producir documentos con valor probatorio, establecer instancias y recursos, emplear especialistas formados, concebir el derecho como un sistema interpretable mediante categorías generales.

Ese aparato fue adaptado a finalidades cristianas y eclesiásticas, pero su gramática jurídica era en gran parte romana.

Por otro lado, el derecho visigodo ya estaba profundamente romanizado antes de que los visigodos se convirtieran al catolicismo niceno en 589.

La prueba más clara es el Breviario de Alarico, promulgado en 506 por Alarico II. Era una recopilación de derecho romano basada, entre otros textos, en el Código Teodosiano, las Sentencias de Paulo y los códigos Gregoriano y Hermogeniano. Alarico II era cristiano arriano, no católico, de modo que esa recepción del derecho romano precede en más de ochenta años a la conversión de Recaredo, lo cual me pareció muy interesante.

Además, los visigodos llevaban mucho tiempo instalados dentro del mundo romano. Gobernaban poblaciones mayoritariamente hispanorromanas y galorromanas, utilizaban el latín, dependían de funcionarios y escribanos romanos y necesitaban conservar instituciones fiscales, administrativas y patrimoniales ya existentes. La romanización jurídica, por tanto, no comenzó por la conversión religiosa: comenzó por su integración política dentro del Imperio y por la necesidad de gobernar una sociedad romana.

La conversión al catolicismo en el III Concilio de Toledo de 589 sí produjo otro fenómeno importante pues reforzó la colaboración entre la monarquía visigoda y los obispos, aumentó la influencia del derecho canónico y facilitó la unificación política, religiosa y jurídica del reino. Y desde luego,  no introdujo desde cero el derecho romano.

Después de esa conversión se aceleró la fusión. El resultado más completo fue el Liber Iudiciorum, promulgado por Recesvinto en 654, que estableció un régimen jurídico común para la población de origen godo y para la hispanorromana, combinando legislación regia, tradición romana, elementos canónicos y algunos componentes germánicos.

La secuencia más precisa sería por tanto:

Los visigodos se romanizan política, administrativa y jurídicamente al vivir y gobernar dentro del Imperio.

Después, aunque siguen siendo arrianos, promulgan legislación romana, como el Breviario de Alarico de 506.

Más tarde, en 589, se convierten al catolicismo y la Iglesia hispanorromana se integra estrechamente en la monarquía.

Finalmente, en el siglo VII, se unifica el derecho del reino mediante el Liber Iudiciorum.

Por tanto la conversión católica no inicia la romanización jurídica visigoda sino que la profundiza y la convierte en una síntesis romano-visigoda y canónica más unificada. Los visigodos, además, ya eran cristianos antes de 589; lo que abandonaron entonces fue el arrianismo para adoptar el catolicismo niceno.

Quiero terminar recordando que  hubo al menos tres canales paralelos a través de los cuales el derecho romano sobrevivió: 

Primero, la continuidad directa del derecho romano en algunos territorios, especialmente en Italia, el sur de Francia, la península ibérica y, naturalmente, el Imperio bizantino.

Segundo, las leyes de los reinos germánicos, que incorporaron elementos romanos. El derecho visigodo, por ejemplo, estaba fuertemente romanizado.

Tercero, desde los siglos XI y XII, la recuperación universitaria del Corpus iuris civilis de Justiniano. Las universidades, especialmente Bolonia, estudiaron directamente los textos romanos. Muchos de esos juristas eran clérigos, pero el fenómeno ya no era únicamente eclesiástico: también servía a reyes, ciudades y administraciones seculares.

Por tanto, podría decirse que el derecho europeo medieval se construyó mediante una combinación de derecho romano transmitido y reelaborado por la Iglesia + derecho romano recuperado directamente por los juristas + derecho canónico + derechos regios, feudales, municipales y consuetudinarios.

También es notorio que gran parte del vocabulario actual procede de esa continuidad: jurisdicción, proceso, apelación, prescripción, posesión, propiedad, obligación, contrato, sucesión, testamento, persona, actor, demandado, sentencia. Muchas de estas palabras no solo conservan una raíz latina; conservan estructuras conceptuales desarrolladas por los juristas romanos y reelaboradas por canonistas y civilistas medievales.

Este tema es demasiado complejo para resumirlo en una entrada de blog pero creo que cumle la funcion de servir de base a quienes quieran ampliar despues de leer MATERFIESTO 

 

 

 

DENUNCIAR: UN SALTO SIN RED

Cuando denunciar es más un mecanismo de riesgo que de protección

  

Desde instituciones públicas, diferentes ONGs, campañas mediáticas nacionales e internacionales y sectores del feminismo institucional se repite el mismo mantra  cansino. Una consigna con tintes de mandato moral: “denuncia”. 

A la menor sospecha...sin dudarlo.

Se presenta como acto de valentía, deber cívico y único camino hacia la protección tuya y de tus hijos si eres madre.  Especialmente a ellas se les impone la denuncia como el paso correcto, responsable, inevitable. Muchas veces son amenazadas por psicólogos y otros profesionales: "si no denuncias...yo denunciaré y te incluiré como cómplice por no haber denunciado tú"

Y esa madre, obediente, asustada y sumisa, denuncia.

Sin embargo el sistema jurídico real opera de una  forma perversa. En contextos de violencia intrafamiliar sin pruebas materiales —abuso psicológico, maltrato físico sin testigos, abuso sexual encubierto—, la denuncia no garantiza protección, sino que con frecuencia amplifica el riesgo para esa madre.

No se trata de una percepción subjetiva mía, sino de una consecuencia estructural: El sistema no sabe (ni pretende) proteger sin evidencia contundente. Y en ausencia de pruebas, el foco se invierte: ya no se investiga al agresor, sino a la madre.

La mayoría de las violencias que ocurren en el ámbito doméstico carecen de pruebas inmediatas: no hay grabaciones, ni testigos, ni rastros visibles. Ante ese vacío probatorio, la denuncia funciona como gatillo de sospecha. Los operadores judiciales desvían la atención hacia la denunciante: ¿Está emocionalmente estable?, ¿Tiene intenciones ocultas?, ¿Contamina al menor con su relato? ¿Coopera con el padre?

 Este cambio de eje da inicio a un un proceso conocido por miles de madres e hijos:

1. La denuncia penal se archiva o se paraliza.

2. Se traslada el caso al fuero de familia.

3. Se introduce la narrativa del “conflicto parental”.

4. La madre pasa a ser parte del problema.

Denunciar, en este marco, se interpreta como conducta obstructiva. Se acusa a la madre de intentar “instrumentalizar” al niño, de impedir el vínculo paterno, de exagerar. Es entonces cuando el sistema despliega sus mecanismos más agresivos:

Custodias compartidas impuestas.

Régimen de visitas ampliado para el presunto agresor.

Suspensión o pérdida total de la custodia materna.

Entonces... ¿Por qué se sigue promoviendo la denuncia? Ya sabemos que el sistema no está diseñado para proteger y la respuesta a esta pregunta es corta y  cruda: la denuncia es funcional al aparato institucional, aunque no proteja a la víctima. 

1. En primer lugar la denuncia crea expediente.

2. El expediente habilita intervención.

3. La intervención justifica presupuesto, informes, estadísticas , programas y por supuesto puestos de trabajo a funcionarios públicos y a gente que trabaja en ONGs y otros chiringuitos.

La víctima alimenta el sistema aunque el sistema no la respalde.

Una mujer que denuncia queda atrapada en un entramado burocrático que opera con lógica de gestión, no de justicia. El Estado y sus operadores necesitan denuncias para demostrar funcionamiento, asegurar fondos y sostener sus estructuras. Pero una vez generado ese movimiento, la mujer queda sola.

El silencio del feminismo institucional grita.

Aquí emerge una de las omisiones más graves del feminismo cooptado por las instituciones: un feminismo traidor que promueve la denuncia como acto moral sin explicar los riesgos jurídicos reales. No analiza consecuencias. No advierte sobre el coste potencial para los hijos ni mucho menos  diseña estrategias de contención. 

A las madres nadie les explica que una denuncia sin pruebas puede volverse en contra. Nadie les advierte que el sistema penal y el de familia no están articulados para proteger.

No se reconoce que, en muchos casos, el “interés superior del menor” se interpreta como necesidad de mantener el vínculo con el padre, incluso si hay sospechas fundadas de abuso.

Y cuando el daño ocurre —cuando la madre pierde a sus hijos o queda atrapada en procesos kafkianos—, nadie se hace cargo:

No hay redes efectivas.
No hay responsabilidad política.
No hay reparación.

Estamos ante una traición política, no solo personal

No creo que el objetivo sea explícitamente castigar a las mujeres, pero el hecho es que el sistema y sus comparsas prosperan en cuanto las mujeres que denuncian quedan en la cuneta sin protección ni justicia.

Denunciar no es un gesto neutro.
Es una decisión jurídica de alto riesgo.
Especialmente para las madres.

No puede exigirse como imperativo ético ni promoverse sin ofrecer a cambio garantías reales. Hacerlo es una forma de violencia institucional encubierta bajo el discurso del empoderamiento.

Promover denuncias sin respaldo, celebrarlas sin evaluar sus consecuencias, exigirlas sin acompañamiento jurídico riguroso, es traicionar políticamente a las mujeres.

Las únicas preguntas honestas deberían ser: ¿Qué ocurre con esa mujer y con sus hijos si la denuncia no se puede probar?¿Quién se hace cargo?

No hay evidencia robusta que demuestre que denunciar per se implique automáticamente pérdida de custodia, es decir, no existe una estadística universal que pruebe que denunciar conduce directamente a quitar la custodia. Lo que sí existe es evidencia de que en la práctica judicial ciertos mecanismos pueden penalizar indirectamente a madres que alegan violencia si no hay pruebas contundentes.

Mientras el sistema no tenga una respuesta sólida para eso, cada día más madres seguirán optando por el silencio y buscando alternativas que no impliquen ponerse en manos de la pretendida justicia.

No por ignorancia. Por supervivencia.

No por cobardía.

Por estrategia.

Isabel Salas 

“Los tribunales de familia suelen minimizar el impacto de la violencia de pareja al decidir custodia y régimen de visitas...” — está documentado en estudios de psicología forense y derecho comparado que muestran cómo la dinámica del abuso queda invisible para mediadores y jueces    CLIK AQUÍ PARA LEERLO

En múltiples jurisdicciones, la custodia y las visitas a veces son otorgadas sin considerar adecuadamente los informes de violencia, lo cual ha sido constatado en revisiones judiciales independientes     The guardian

“Muchas mujeres efectúan denuncias formales —por ejemplo, los registros judiciales argentinos muestran un aumento en las denuncias por violencia de género—, pero esto no garantiza protección judicial efectiva.”   SENADO ARGENTINO

DIAGNÓSTICOS BLANDOS, CRUELDAD DURA

Diagnóstico o dictamen: cómo se construye una etiqueta

Los diagnósticos clínicos formales —los que suenan a manual DSM con esteroides— se supone que deben ser realizados por psiquiatras o psicólogos clínicos con formación específica en psicopatología y experiencia en evaluación diagnóstica. Esa es la teoría.

En la práctica, basta con que alguien tenga un título profesional, cierta familiaridad con el lenguaje técnico y un lugar en el engranaje judicial para que una etiqueta se convierta en verdad institucional. No importa si se hizo una evaluación rigurosa. No importa si hubo entrevista clínica, pruebas psicométricas o revisión del contexto. Si el informe está escrito en mayúsculas y viene con membrete, es suficiente para instalar una narrativa.

Legalmente, en muchos países, tanto psiquiatras como psicólogos pueden diagnosticar trastornos mentales. La diferencia es que el psiquiatra, por ser médico, puede recetar medicación y su palabra suele pesar más si lo que se busca es revestir el expediente de autoridad biomédica. El psicólogo, por su parte —sobre todo si es clínico— también puede diagnosticar según los manuales diagnósticos internacionales, como el DSM o el CIE. Pero no puede medicar, y a menudo su criterio queda subordinado a la lógica judicial.

Así, si el expediente necesita sonar “científico”, se busca al psiquiatra. Si solo se quiere justificar una medida ya decidida, muchas veces alcanza con un informe psicológico escrito por alguien funcional al sistema. La etiqueta cumple su función: legitimar decisiones que ya están tomadas.

Luego están los otros diagnósticos. Los blandos. Los que no figuran en ningún manual ni requieren formación clínica para ser lanzados. Son frases sueltas, impresiones disfrazadas de observación objetiva: “obsesión con el hijo”, “dependencia emocional”, “fijación patológica”, “rigidez cognitiva”, “victimismo”, “dificultad para cooperar”, “alienación”, "madre con preocupación mórbida", "obstructora", "verborreica" y un largo etc

Estas no necesitan diagnóstico formal ni un profesional de la salud mental. Pueden aparecer en informes de trabajadoras sociales, peritos de familia, mediadores, operadores judiciales, psicólogos escolares… o incluso en los comentarios de un juez que “intuye” cosas sin haber leído ni siquiera las alegaciones del abogado de la madre. Son herramientas narrativas, no diagnósticas. No vienen del DSM; vienen del prejuicio con bata blanca o toga negra.

Las etiquetas discursivas no requieren diagnóstico ni evidencia. Solo necesitan una madre que se resista, pelee, insulte o llore cuando unos extraños le quieren quitar a su hijo y a veces, se lo quitan.

Aquí van algunos greatest hits del disparate psi. Perlas inolvidables del cinismo judicial y la maldad institucional.

1. Madre que se negó a firmar el acuerdo de tenencia sin revisar con abogado. → Trastorno oposicionista.

2. Madre que pidió cambio de perito porque sentía que el primero era parcial. → Resistencia activa a la autoridad.

3. Madre que pidió copia del expediente. → Conducta disruptiva, desconfianza extrema.

4. Madre que denunció al padre por violencia y siguió insistiendo. → Fijación patológica + conducta oposicionista.

5. Madre que no lloró en la audiencia. → Aplanamiento afectivo + rasgos oposicionistas.

6. Madre que lloró demasiado. → Desregulación emocional + actitud provocadora.

7. Madre que cambió de abogado tres veces. → Desorganización, rigidez y desafío a la figura de autoridad.

8. Madre que grabó una conversación con un operador judicial. → Actitud desafiante y paranoide.

9. Madre que interpuso un recurso de amparo. → Rasgos oposicionistas, dificultad para acatar lo normativo.

10. Madre que se negó a las visitas supervisadas porque el espacio era violento. → Negativa sistemática, rigidez cognitiva.

11. Madre que corrigió al psicólogo en una audiencia. → Intolerancia a la figura de autoridad.

12. Madre que pidió ver a su hijo más tiempo. → Conducta obsesiva + patrón oposicionista.

13. Madre que no permitió que el niño hable por videollamada con el padre violento. → Obstrucción del vínculo + actitud desafiante.

14. Madre que organizó una manifestación. → Conducta antisocial, rasgos oposicionistas.

15. Madre que llevó a su hijo a terapia sin permiso del padre. → Iniciativas unilaterales, conducta impulsiva-oposicionista.

16. Madre que presentó informes de su psicóloga sin autorización del juzgado. → Inobservancia judicial.

17. Madre que dijo "esto es injusto" frente al juez. → Reacción oposicionista, hostilidad encubierta.

Y en ninguno de esos casos se usó “oposicionista” como una descripción casual. Se coló en informes periciales, se transformó en etiqueta clínica, y en más de una ocasión, justificó medidas restrictivas sobre el contacto con los hijos.

Sí, una madre diciendo "no" al sistema puede convertirse, mágicamente, en alguien con trastorno oposicionista desafiante. Lo normal debe ser que las hembras no se opongan cuando vienen a quitarles los hijos...en Narnia o en la tierra de los actores judiciales debe ser. En el mundo real lo que pasa es que las hembras lloramos, gritamos y si pudiéramos haríamos "otras cosas" que el algoritmo no me va a dejar escribir. Es tan delicado como un psicólogo judicial y más machista aún.

Y mientras el expediente duerme tranquilo, las madres no duermen nunca más en paz.

 Isabel Salas

LA NUEVA RELIGIÓN VERDE

Fe verde: cuando comprar sustituye a creer.

 Puede que las religiones organizadas y el ecologismo de consumo parezcan mundos distintos pero son primos hermanos. Uno huele a incienso, el otro a suavizante biodegradable. Uno predica desde púlpitos milenarios; el otro, desde etiquetas compostables. Pero si observamos con cuidado —no con los ojos, sino con esa parte incómoda que aún duda—, lo que se esconde detrás de ambos son los mismos mecanismos: la necesidad humana de redención y el miedo a ser juzgados por una deidad que conoce todos nuestros secretos.

En la religión, naces con pecado o estás destinado a errar por tu propia naturaleza humana. No importa lo que hagas, lo arrastras como sombra heredada. En el mundo verde, naces contaminando. Antes de que respires, comas o te muevas, ya estás dejando una huella y el ticket del mercado lo sabe. Ambos tienen formas distintas de recordarte que existes en deuda. Y si estás en deuda, te toca pagar. Con rezos, penitencias, diezmos o con bolsas de tela. Con confesiones o con café orgánico. Lo importante no es el acto, sino la idea de que, al hacerlo, te acercas un poco más al perdón.

Las compras "ecológicas" no son decisiones racionales. Son penitencias dulces, actos de contrición con ticket y código QR. No salvan el planeta, pero te permiten dormir. No modifican el sistema, pero calman el alma. Y si eso no es un ritual, ¿qué lo es?

Como en cualquier religión, también hay comunidad. Una tribu de los puros, los que eligen con conciencia, los que separan residuos con devoción y se indignan cuando otros usan sorbetes de plástico. Porque no basta con hacer lo correcto. Hay que mostrarlo. Hay que ser visto haciéndolo. El infierno, en este credo, no está en el más allá, sino en la góndola equivocada. Y nadie quiere pertenecer al bando de los contaminantes, de los que compran barato. El band de lo irresponsables que aún no han sido tocados por la iluminación verde.

El miedo funciona igual. Ayer ardías por los pecados carnales; hoy arderás en sequías, incendios, hambrunas. El colapso ecológico es el nuevo apocalipsis. Si no cambias tus hábitos, si no consumes “mejor”, si no adoptas los rituales del nuevo credo, vendrá el fin. No un castigo divino, sino uno climático. Pero castigo al fin.

La propia Tierra que se defiende de nosotros, el virus más letal. 

Y claro, también hay indulgencias. Antes pagabas por tu lugar en el cielo; hoy pagas un extra por tu café justo, por tu vuelo “compensado”, por tu remera con certificado ético. Porque nada dice “he aprendido mi lección” como una compra con remordimiento incluido. Plantas un árbol, respiras aliviado. No importa si tu estilo de vida es supuestamente insostenible: hay apps que hacen el trabajo sucio por ti. Lo importante es que pagues por tu culpa, y que alguien lo note y te felicite.

Por supuesto, todo relato de salvación necesita un elementos mesiánicos. Y este también los tiene. A veces es un coche eléctrico. A veces, un nuevo material. Una innovación que promete redimirnos del desastre sin pedirnos demasiado cambio. Porque el verdadero cambio —el que implicaría tocar los privilegios de los megaricos, revisar los modelos, alterar la lógica del consumo— sigue fuera de debate. Más cómodo esperar al Mesías verde. Más fácil confiar en que algo vendrá a salvarnos, sin que tengamos que movernos demasiado del lugar que ocupamos.

Y en el fondo, todo esto se sostiene igual que las viejas religiones: en gestos rituales cotidianos, en prácticas repetidas, en la calma de cumplir con lo que se espera. Separar basura. Llevar tu propia botella. Decir “no, gracias” a la bolsa del mercado y sacar la tuya, de tela, de tu bolsillo.

Ritos inofensivos que construyen identidad y promueven obediencia. Porque aceptas que no se trata de transformar la estructura. Se trata de no ser parte del problema. O al menos, de no parecerlo.

Pero detengámonos. Vamos a desnudar el truco. Vamos a quitarle la capa de fe y verlo por lo que es: política encubierta de consumo. ¿Qué pasaría si en lugar de vender redención simbólica empezáramos a exigir transformaciones reales? Spoiler: se acaba la fiesta de las indulgencias verdes.

Porque si en vez de apuntar al consumidor que usa pajitas, señalamos directamente a las industrias responsables del 70 % de las emisiones, el relato se vuelve incómodo. No vende bolsas, no promueve marcas. Pero ilumina lo que importa: quién manda y a quién se protege.

Si en lugar de vender café “ético” a sobreprecio, regulamos las prácticas agrícolas y prohibimos pesticidas devastadores, el café estándar ya sería decente por obligación, no por etiqueta mágica. Eso recortaría márgenes. No interesa.

Si se dejara de prometer salvación en forma de producto y se actuara con política real —menos transporte absurdo, menos producción globalizada, más urbanismo pensado para vivir sin coche—, el resultado sería claro: menos consumo. Menos volumen. Y eso, en un sistema que vive de vender más cada año, es blasfemia.

Si en vez de hojitas en los envases usáramos impuestos proporcionales a la huella real, un vuelo barato dejaría de serlo. Un alimento hiperviajado pagaría el precio ecológico que ahora se disimula. Sería justo, pero sería impopular. Porque exigir justicia cuesta más que vender diseño.

Y si dejáramos de aplaudir al consumidor virtuoso y empezáramos a formar ciudadanos exigentes, dejaríamos de esperar milagros tecnológicos. No más milagros eléctricos ni promesas de plástico reciclable. Habría que hablar de límites. De redistribución. De decrecimiento. Habría que aceptar que tal vez no se trata de cambiar de producto, sino de cambiar de sistema. Solo por apuntar unos datos de la realidad, recordemos las seis industrias más contaminantes del planeta que se destacan por su alto impacto ambiental debido a sus procesos productivos intensivos y poco sostenibles. 

La industria petrolera lidera como la principal emisora de gases de efecto invernadero, debido a la extracción, refinación y quema de combustibles fósiles que alteran el clima global. Le sigue la industria textil y de la moda, que opera bajo un modelo de producción acelerado (fast fashion), generando grandes volúmenes de residuos, consumo excesivo de agua y liberación de sustancias químicas tóxicas. La industria cerámica y de construcción, especialmente la que utiliza hornos tipo colmena, emite contaminantes atmosféricos como partículas y gases nocivos durante la cocción de arcilla. Por su parte, la industria papelera libera contaminantes como dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NO₂) desde sus calderas, afectando la calidad del aire. La industria farmacéutica contamina a través de aguas residuales que contienen compuestos emergentes difíciles de eliminar, como antibióticos y hormonas, los cuales alteran ecosistemas acuáticos. Finalmente, la industria alimentaria y de bebidas, aunque menos visibilizada, genera un gran volumen de residuos sólidos y líquidos, y es una de las principales consumidoras de maquinaria intensiva en energía y recursos, contribuyendo de forma significativa a la huella ambiental global.

Pero eso no cabe en una etiqueta.

Ni en una campaña de marketing.

Isabel Salas 

MADRE DESHIJADA

  La muerte en vida 

Nos dicen que lo que no se nombra no existe. No es verdad. Por supuesto que existe. De hecho existen miles de horrores que nunca se nombran.

También se escucha por ahí que hay palabras que simplemente no existen porque, si existieran, habría que hacerse cargo de lo que nombran. O tal vez porque tendrían significados tan tremendos que nos daría vergüenza decirlas en voz alta. 

“Madre deshijada” es una de ellas.

Por lo visto, no tenemos nombre para la mujer a la que le arrancan a su hijo mientras siguen vivos los dos. Y no hablo de niños secuestrados para pedir rescate o robados al nacer por vendedores de niños ajenos. Esas madres, víctimas de un crimen, sufren muchísimo, no saben si su hijo sigue vivo y eso matiza su sufrimiento de otras maneras.

Pero la que pierde a su hijo por orden judicial o decisión de los servicios sociales, sí lo sabe.Y sabe dónde está.

La deshijada sigue siendo madre en cada célula del cuerpo y, sin embargo, el sistema que le arranca al hijo se comporta como si esa maternidad se hubiera apagado con una firma.

Una madre deshijada no es una madre sin hijos.
Es una madre con hijos, pero sin derecho a tenerlos cerca, a olerlos, a tocarlos, a protegerlos. Es una madre a la que le han expropiado el ejercicio de la maternidad y le han dejado solo el dolor en propiedad.

La palabra “deshijada” remite a expropiación… y también a flores.
¿Deja de ser flor una flor cuando pierde las hojas, incluso si se las arrancan? No. Incluso cuando arrancamos los pétalos de una margarita para saber si alguien nos quiere o no, lo que tenemos al final es una margarita desbaratada, desmembrada y rota. Pero esos pétalos caídos, que el viento barre, son suyos.

Y ese corazoncito de margarita sin pétalos, sin aroma y sin belleza aparente sigue siendo una flor. Como estas madres de las que hablo, tan madres como todas, pero sin sus hijos.

Escogí “deshijada” porque es una palabra que trae implícita la crueldad, algo roto, algo que está mal: como deshonesto, desnorteado o desentonado.
Es el rastro de lo que hubo: hubo tono, hubo norte, hubo honestidad, hubo hoja, hubo hijo.

Ya no están. Se perdieron todas esas cosas y, cuando a la madre le quitan a sus hijos, también se pierde lo que más ama… y se pierde, de a poco, ella misma.

No hablo de una madre que llora la muerte de un hijo por enfermedad, accidente o guerra —que ya es insoportable—, sino de algo todavía más retorcido: de aquella a quien le quitan al hijo en nombre de la protección, del “interés superior” y con papel timbrado. La madre a la que el Estado le arranca la cría del cuerpo y, encima, le exige que colabore sin gritos ni pataleos.

Eso es ser madre deshijada.

Cada madre deshijada es una prueba viviente de que hemos decidido obedecer más a un papel que a un latido. Que damos más crédito a un informe que a un cuerpo en llanto.

Ella sigue sabiendo qué olor tiene su hijo cuando está enfermo, qué mirada pone cuando tiene miedo, qué tono de llanto significa hambre y cuál significa pánico, qué cosas lo calman y cuáles lo rompen.

El sistema puede deshijarla en los papeles, pero no puede deshacer la arquitectura que la maternidad ha grabado en su sistema nervioso. Esa reconfiguración, esa huella, es precisamente lo que se quiere negar.

Por eso la madre deshijada es peligrosa para los que gestionan el mundo y hacen todo para callarla (“secreto de justicia”), anularla (“está loca”) o desacreditarla (fabuladora). Ella es la prueba viva de que el vínculo materno no es una construcción jurídica, ni un rol intercambiable, ni una performance con género neutro.

Es un hecho biológico, emocional y moral que atraviesa cualquier discurso.

La madre deshijada no es, en sí misma, un problema clínico.
Es una acusación viviente contra un orden social que se permite usar a los hijos como armas, como trofeos, como herramienta de control.

Cuando una madre deshijada ruge, no está delirando.
Está gritando lo que muchos prefieren callar: que se está perpetrando, a cámara lenta, un genocidio del vínculo materno. Un desmantelamiento sistemático de la matriz emocional que sostiene la especie.

Y sí, la deshijada se descompone, se desregula, se vuelve incómoda, se hace ingobernable. Como haría cualquier hembra mamífera a la que le arrancan  sus crías.

Dejemos de llamar “protección” a su despojo.
Dejemos de usar su dolor como prueba en su contra.
Escuchemos su rugido como lo que es: la última defensa de la vida contra una maquinaria que se ha deshumanizado.

Y recordemos, la madre sigue siendo madre sin su hijo, pero el hijo sin su madre no puede ser hijo, se convierte en niño suelto, una ramita sin tronco, un niño ajeno. No está huérfano, su madre sigue viva en algún lugar. Pobre hijo.

Tendrá cuidadores más o menos hábiles, comprometidos o cariñosos, pero cualquier identidad construida en el futuro tendrá como base la herida que deja para cualquier hijo ser llevado lejos de su mamá. 

 

Isabel Salas 

 

 

 

 

ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAA MUJERES

 

En MATERFIESTO no estoy promo viendo que nazcan más niños ni estoy diciendo que nazcan menos.”

Estoy diciendo algo mucho más simple y mucho más peligroso: que solo nazcan los hijos que sus madres desean tener.

La libertad reproductiva que imagino exige erradicar la violencia contra las mujeres

Para que solo nazcan los hijos que las mujeres desean tener, no basta con reconocer formalmente su derecho a decidir. Es necesario erradicar todas las formas de violencia que pueden producir un embarazo, imponer su continuación o impedir que la madre permanezca junto a su hijo.

La violencia reproductiva comienza mucho antes del parto. Está presente cuando una niña es entregada en "pretendido matrimonio" a un adulto; cuando una mujer es violada por su pareja o por un desconocido; cuando se sabotean sus anticonceptivos; cuando se la embaraza para retenerla; cuando una familia o congregación la obliga a continuar una gestación por cuestiones religiosas, cuando se la presiona para abortar; cuando la pobreza la fuerza a entregar al hijo que deseaba criar o algún organismo la declara incapaz de maternar por su situación de pobreza. 

Recordemos que el matrimonio no convierte el abuso en consentimiento. Cuando una niña es obligada a convivir sexualmente con un adulto, no estamos ante una costumbre matrimonial distinta, sino ante una forma continuada de violencia sexual y reproductiva legitimada por una estructura familiar, religiosa o jurídica. La ceremonia no altera la naturaleza del acto. Solo proporciona protección social al agresor.

Una niña sometida a relaciones sexuales hasta quedar embarazada no ha elegido la maternidad. Tampoco la elige cuando, después de sobrevivir a un primer embarazo y parto, permanece expuesta a nuevas gestaciones porque carece de medios para negarse, escapar o protegerse.

Por eso, afirmar que cada mujer debe decidir cuándo, cómo o con quién tener hijos exige algo mucho más profundo que una declaración de derechos. Exige que ninguna niña pueda ser entregada en matrimonio; que ninguna relación de pareja otorgue acceso sexual presumido al cuerpo femenino; que la coerción reproductiva sea reconocida como violencia; y que toda mujer disponga de seguridad material para rechazar una relación, abandonar una casa o continuar una maternidad deseada.

La protección necesaria no consiste en vigilar más a las mujeres. Consiste en impedir que familias, parejas, agresores, religiones, mercados o Estados puedan apropiarse de su capacidad reproductiva.

Debe protegerse especialmente

el derecho de la niña a llegar a la adultez sin ser entregada sexualmente a nadie.

Debe garantizarse la libertad de toda mujer a decidir si mantiene relaciones sexuales; la posibilidad de evitar o continuar un embarazo sin coacción y por supuesto se debe garantizar a cada madre la  posibilidad de criar al hijo o hijos que desea tener.

Las madres que deseen abandonar cualquier relación deben saber que no serán penalizadas  perdiendo por ello a sus hijos.

La libertad reproductiva no existe allí donde una mujer puede pronunciar un “sí” o un “no”, pero sabe que desobedecer significará violencia, hambre, expulsión, prisión o separación de sus hijos.

Para que únicamente nazcan hijos deseados, las mujeres no necesitan una protección paternalista que decida por ellas. Necesitan una protección radical de su voluntad frente a todos aquellos que pretenden sustituirla.

Solo habrá maternidad verdaderamente deseada cuando ninguna mujer pueda ser forzada sexual, económica, familiar, religiosa o jurídicamente a producir un hijo.

EL MOTIVO DE PATOLOGIZAR A LAS MADRES

La pregunta es sencilla y obvia, pero la respuesta es más sencilla aún.

Hacer pasar a las mujeres por locas, no es ninguna novedad, en realidad es un clásico. Antes de que la justicia aprendiera a hablar el "lenguaje de los derechos", patologizar a las mujeres —y en particular a las madres— ya era una práctica conocida. Declarar “loca” a una mujer fue durante siglos una forma eficaz de apartarla sin matarla: sacarla del hogar, del relato y de los hijos, y sustituirla sin culpa. De Juana I de Castilla, encerrada durante décadas bajo el rótulo de la demencia, a tantas mujeres silenciadas en sanatorios, conventos o casas ajenas, la historia está llena de madres apartadas de sus hijos por exceso de poder, de deseo, de ansias de libertad o simplemente porque molestaban  a sus maridos o a los intereses de su entorno.

Lo que hoy hace el sistema judicial no es algo nuevo: es el mismo perro  con diferente collar, el mismo gesto antiguo, pero maquillado con diagnósticos modernos y envuelto en un discurso de derechos que dice proteger mientras repite, con otros nombres, la misma operación de siempre.

 

El sistema judicial patologiza a las madres porque siempre ha funcionado, y además reconocer que una madre enferma tras un proceso de custodia o de separación forzada implicaría admitir que el propio procedimiento es dañino. Y eso tendría consecuencias jurídicas, políticas y éticas que ni "justicia" ni nadie están dispuestos a debatir siquiera.

Convertir la reacción ante la pérdida del hijo en trastorno permite desplazar la causa: el problema deja de ser la intervención institucional y pasa a ser la madre que no se adapta a ella porque no le gusta que le quiten hijos. No entiende de derechos. Ella entiende de biología y de útero.

La psiquiatrización cumple varias funciones simultáneas. Primero, neutraliza la palabra materna: una madre diagnosticada pierde credibilidad, su testimonio se vuelve sospechoso y su relato deja de tener valor probatorio. 

Segundo, legitima decisiones ya tomadas: si la madre es “inestable”, la separación se presenta como medida protectora hacia el niño y no y no como violencia hacia el niño y su madre.

Tercero, restaura la autoridad del sistema: no hay error estructural, hay un sujeto defectuoso. 

Y cuarto, desnaturaliza el vínculo: al patologizar el apego, se habilita la idea de que cualquiera puede sustituir a la madre sin daño. Convierten a la madre en una simple cuidadora...y cualquiera puede cuidar.

En síntesis, no se patologiza para comprender ni para curar. Se patologiza para ordenar algo contra natura, callar ellos y hacer callar a la madre y por supuesto cerrar el conflicto. Porque una madre que sufre es un problema; una madre que insiste es un riesgo; y una madre que llora, grita, insulta y nombra el daño institucional es, para el sistema, una amenaza.

El problema, por otro lado,  no es solo el diagnóstico, sino que el sistema olvida CONVENIENTE, ASTUTA Y CRUELMENTE lo que es ontológicamente irrefutable: aunque la ley insista en la igualdad de derechos entre padres y madres, el vínculo materno precede al derecho. Es un vínculo biológico, inmediato, natural, que no se construye ni se negocia en un tribunal. 

El ser hace el derecho y no al contrario. 

La relación madre-hijo es anterior a cualquier norma y es más necesario y más profundo que cualquier otro vínculo, incluido el paterno, para todos los bebés y niños humanos.

Si eliminamos la biología de la ecuación judicial, si negamos esa realidad fundamental, el resultado siempre estará sesgado: la lógica se pierde y la vida, que es la que sostiene ese vínculo, queda vulnerada. La ley puede igualar derechos, pero no puede igualar realidades biológicas, ni sustituir la naturaleza del vínculo materno.

Y de eso hablo en MATERFIESTO y en donde haga falta.

 

Isabel Salas