DENUNCIAR: UN SALTO SIN RED

Cuando denunciar es más un mecanismo de riesgo que de protección

  

Desde instituciones públicas, diferentes ONGs, campañas mediáticas nacionales e internacionales y sectores del feminismo institucional se repite el mismo mantra  cansino. Una consigna con tintes de mandato moral: “denuncia”. 

A la menor sospecha...sin dudarlo.

Se presenta como acto de valentía, deber cívico y único camino hacia la protección tuya y de tus hijos si eres madre.  Especialmente a ellas se les impone la denuncia como el paso correcto, responsable, inevitable. Muchas veces son amenazadas por psicólogos y otros profesionales: "si no denuncias...yo denunciaré y te incluiré como cómplice por no haber denunciado tú"

Y esa madre, obediente, asustada y sumisa, denuncia.

Sin embargo el sistema jurídico real opera de una  forma perversa. En contextos de violencia intrafamiliar sin pruebas materiales —abuso psicológico, maltrato físico sin testigos, abuso sexual encubierto—, la denuncia no garantiza protección, sino que con frecuencia amplifica el riesgo para esa madre.

No se trata de una percepción subjetiva mía, sino de una consecuencia estructural: El sistema no sabe (ni pretende) proteger sin evidencia contundente. Y en ausencia de pruebas, el foco se invierte: ya no se investiga al agresor, sino a la madre.

La mayoría de las violencias que ocurren en el ámbito doméstico carecen de pruebas inmediatas: no hay grabaciones, ni testigos, ni rastros visibles. Ante ese vacío probatorio, la denuncia funciona como gatillo de sospecha. Los operadores judiciales desvían la atención hacia la denunciante: ¿Está emocionalmente estable?, ¿Tiene intenciones ocultas?, ¿Contamina al menor con su relato? ¿Coopera con el padre?

 Este cambio de eje da inicio a un un proceso conocido por miles de madres e hijos:

1. La denuncia penal se archiva o se paraliza.

2. Se traslada el caso al fuero de familia.

3. Se introduce la narrativa del “conflicto parental”.

4. La madre pasa a ser parte del problema.

Denunciar, en este marco, se interpreta como conducta obstructiva. Se acusa a la madre de intentar “instrumentalizar” al niño, de impedir el vínculo paterno, de exagerar. Es entonces cuando el sistema despliega sus mecanismos más agresivos:

Custodias compartidas impuestas.

Régimen de visitas ampliado para el presunto agresor.

Suspensión o pérdida total de la custodia materna.

Entonces... ¿Por qué se sigue promoviendo la denuncia? Ya sabemos que el sistema no está diseñado para proteger y la respuesta a esta pregunta es corta y  cruda: la denuncia es funcional al aparato institucional, aunque no proteja a la víctima. 

1. En primer lugar la denuncia crea expediente.

2. El expediente habilita intervención.

3. La intervención justifica presupuesto, informes, estadísticas , programas y por supuesto puestos de trabajo a funcionarios públicos y a gente que trabaja en ONGs y otros chiringuitos.

La víctima alimenta el sistema aunque el sistema no la respalde.

Una mujer que denuncia queda atrapada en un entramado burocrático que opera con lógica de gestión, no de justicia. El Estado y sus operadores necesitan denuncias para demostrar funcionamiento, asegurar fondos y sostener sus estructuras. Pero una vez generado ese movimiento, la mujer queda sola.

El silencio del feminismo institucional grita.

Aquí emerge una de las omisiones más graves del feminismo cooptado por las instituciones: un feminismo traidor que promueve la denuncia como acto moral sin explicar los riesgos jurídicos reales. No analiza consecuencias. No advierte sobre el coste potencial para los hijos ni mucho menos  diseña estrategias de contención. 

A las madres nadie les explica que una denuncia sin pruebas puede volverse en contra. Nadie les advierte que el sistema penal y el de familia no están articulados para proteger.

No se reconoce que, en muchos casos, el “interés superior del menor” se interpreta como necesidad de mantener el vínculo con el padre, incluso si hay sospechas fundadas de abuso.

Y cuando el daño ocurre —cuando la madre pierde a sus hijos o queda atrapada en procesos kafkianos—, nadie se hace cargo:

No hay redes efectivas.
No hay responsabilidad política.
No hay reparación.

Estamos ante una traición política, no solo personal

No creo que el objetivo sea explícitamente castigar a las mujeres, pero el hecho es que el sistema y sus comparsas prosperan en cuanto las mujeres que denuncian quedan en la cuneta sin protección ni justicia.

Denunciar no es un gesto neutro.
Es una decisión jurídica de alto riesgo.
Especialmente para las madres.

No puede exigirse como imperativo ético ni promoverse sin ofrecer a cambio garantías reales. Hacerlo es una forma de violencia institucional encubierta bajo el discurso del empoderamiento.

Promover denuncias sin respaldo, celebrarlas sin evaluar sus consecuencias, exigirlas sin acompañamiento jurídico riguroso, es traicionar políticamente a las mujeres.

Las únicas preguntas honestas deberían ser: ¿Qué ocurre con esa mujer y con sus hijos si la denuncia no se puede probar?¿Quién se hace cargo?

No hay evidencia robusta que demuestre que denunciar per se implique automáticamente pérdida de custodia, es decir, no existe una estadística universal que pruebe que denunciar conduce directamente a quitar la custodia. Lo que sí existe es evidencia de que en la práctica judicial ciertos mecanismos pueden penalizar indirectamente a madres que alegan violencia si no hay pruebas contundentes.

Mientras el sistema no tenga una respuesta sólida para eso, cada día más madres seguirán optando por el silencio y buscando alternativas que no impliquen ponerse en manos de la pretendida justicia.

No por ignorancia. Por supervivencia.

No por cobardía.

Por estrategia.

Isabel Salas 

“Los tribunales de familia suelen minimizar el impacto de la violencia de pareja al decidir custodia y régimen de visitas...” — está documentado en estudios de psicología forense y derecho comparado que muestran cómo la dinámica del abuso queda invisible para mediadores y jueces    CLIK AQUÍ PARA LEERLO

En múltiples jurisdicciones, la custodia y las visitas a veces son otorgadas sin considerar adecuadamente los informes de violencia, lo cual ha sido constatado en revisiones judiciales independientes     The guardian

“Muchas mujeres efectúan denuncias formales —por ejemplo, los registros judiciales argentinos muestran un aumento en las denuncias por violencia de género—, pero esto no garantiza protección judicial efectiva.”   SENADO ARGENTINO