La autoridad, su legitimidad y su eficacia.
En los juzgados de familia podemos encontrar ejemplos bastante ilustrativos. Desde multas por cada día de desobediencia hasta órdenes que obligan a los niños a permanecer en regímenes de custodia compartida que no desean. A veces, quien recibe esas órdenes sencillamente no obedece. Otras, no está al alcance del juzgado para que este pueda obligarlo a someterse a sus decisiones. En ambos casos el juzgado se queda con las ganas de colocar al niño donde le parece que debe estar.
La autoridad judicial no desaparece por eso. Sigue existiendo, aunque no consiga imponer su voluntad.
De la misma manera, la jurisdicción materna de la que hablo en MATERFIESTO existe desde que el mundo es mundo, aunque haya madres que no consiguen ejercerla. No porque no la tengan. La tienen. Pero no siempre disponen de los medios materiales, económicos, intelectuales o emocionales necesarios para defender a sus hijos como querrían hacerlo.
Algunas confían en la justicia y creen honestamente que todo terminará bien porque ellas y sus hijos están diciendo la verdad. Otras tienen miedo de desobedecer las resoluciones judiciales o de ser acusadas de secuestrar a sus propios niños. Y muchas ni siquiera se plantean la posibilidad de no acatar las sentencias porque han aprendido a respetar y temer la autoridad del patriarcado y su legislación machista basada en derechos simétricos
Encuentro una correspondencia especialmente interesante entre estas dos autoridades de naturaleza tan diferente como son la judicial y la materna: Ninguna de las dos puede identificarse con su capacidad de ejecución.
La autoridad judicial no desaparece cuando un juzgado es incapaz de imponer una resolución. Tampoco desaparece la jurisdicción materna cuando una madre carece de los medios necesarios para ejercerla.
También hay una diferencia fundamental: La autoridad del juez procede del ordenamiento jurídico y dispone, en principio, del aparato coercitivo del Estado, en cambio, la jurisdicción materna procede de una relación vital anterior a ese ordenamiento y no cuenta, de momento, con medios institucionales para hacerse efectiva.
Aquí aparece una cuestión que considero especialmente importante: la eficacia de una autoridad no demuestra su legitimidad ni su ineficacia demuestra que carezca de ella. Un juez puede disponer de todos los instrumentos legales para ordenar la separación de una madre y su hijo. Puede conseguir que esa orden se cumpla. Puede incluso recurrir a la fuerza pública para ejecutarla. ¿Demuestra eso que su decisión es justa? No. Demuestra que dispone del poder necesario para imponerla.
Y si no consigue ejecutarla, ¿significa que ha perdido su autoridad? Tampoco.
Entonces, ¿por qué habría de desaparecer la jurisdicción materna cuando una madre no consigue hacerla valer? La respuesta es obvia: no desaparece.
Legalidad, legitimidad y eficacia no son lo mismo aunque no siempre analicemos los matices que determinan sus diferencias. La legalidad expresa la conformidad de una actuación con el ordenamiento jurídico. La legitimidad se refiere a la justificación de la autoridad que se ejerce. La eficacia, a la posibilidad real de conseguir que sus decisiones se cumplan.
No son conceptos equivalentes.
Una orden puede ser legal e injusta. Una autoridad puede ser legítima y carecer de medios para imponerse. Y un poder puede ser extraordinariamente eficaz sin tener ninguna legitimidad. La historia humana está llena de ejemplos.
La obediencia tampoco resuelve esta cuestión. Que una persona obedezca una orden no demuestra que la considere justa. Puede obedecer por miedo, por necesidad, por desconocimiento o simplemente porque carece de posibilidades materiales para resistirse. La obediencia demuestra sometimiento, no necesariamente reconocimiento de legitimidad.
Y la desobediencia, por sí sola, tampoco demuestra que quien desobedece tenga razón. Lo decisivo no es quién consigue imponer su voluntad, sino qué fundamento tiene para hacerlo.
Esta distinción permite comprender mejor el concepto de jurisdicción materna que desarrollo en MATERFIESTO. Su existencia no depende de que todas las madres puedan ejercerla, del mismo modo que la existencia de la autoridad judicial no depende de que todos los jueces consigan ejecutar sus resoluciones.
La jurisdicción materna tiene su fundamento en la necesidad vital del hijo y en la relación que se establece con su madre desde la gestación. No nace de una concesión institucional ni desaparece porque una institución decida ignorarla.
Podrán impedir que una madre la ejerza. Podrán separarla de su hijo. Podrán imponerle resoluciones, multas y sanciones. Pero impedir el ejercicio de una autoridad no equivale a demostrar que esa autoridad no existe.
Y todavía hay una consecuencia que merece la pena considerar. Si aceptáramos que la capacidad de imponer una decisión es lo que constituye su legitimidad, estaríamos aceptando que cualquier poder capaz de vencer tiene razón precisamente porque ha vencido.
La fuerza se convierte así en fundamento del derecho como en la practica se ve, y el derecho dejaría de jugar a pretender que necesita cualquier otra justificación.
Reconocer una autoridad por sus fundamentos no es lo mismo que someterse a ella porque dispone de los medios necesarios para imponerse.
Tener poder para decidir sobre la vida de nuestros hijos no demuestra que los juzgados tengan autoridad legítima para hacerlo.
Que las custodias sean un tema de orden público no implica que lo sean legítimamente.
Isabel Salas






