El crimen lo cometió el padre, pero el asesinato fue (presuntamente) autorizado por el juez.
El lamentable caso de Ángela González Carreño, convertido en paradigma de la llamada “violencia vicaria” en España, por algunos defensores de este neologismo, merece una revisión seria y sin sentimentalismos, y me dispongo a hacerla desde el máximo respeto por Angela y por su hija Andrea.
La niña se llamaba Andrea Rascón González, y aunque normalmente es conocida simplemente como Andrea, me parece conveniente nombrarla, al menos una vez, sin olvidarnos de su edad y sus apellidos. Tenía 7 años cuando fue asesinada por su padre, el 24 de abril de 2003, durante una visita sin supervisión, impuesta (presuntamente) por un juez. Esta desgracia sucedió a pesar de las numerosas advertencias previas de su madre, la señora Ángela González Carreño.
Existe una "versión oficial", defensora (como dije) del neologismo conocido como violencia vicaria, que repite hasta el agotamiento, que su expareja asesinó a la hija de ambos con el único propósito de hacerle daño a ella, la madre. Este relato, cómodo, sencillo y destinado a promocionar esta "nueva violencia de género", oculta lo que a los ojos de muchas otras madres es lo esencial: quien habilitó el contexto en el cual el crimen pudo consumarse, fue el propio juez que ordenó las visitas y forzó a la niña a estar con el padre. (Por supuesto todo esto es presuntamente porque ya sabemos lo quisquillosos que pueden llegar a ser los poderosos)
Seguramente habría podido matarla al doblar una esquina volviendo de la heladería, pero tendrán que estar de acuerdo conmigo que las visitas impuestas ayudaron a concretar el plan de este presunto degenerado.
A pesar de que doña Ángela había presentado más de cuarenta y siete denuncias (según he leído en los medios) alertando del peligro que él representaba, fue ignorada por dicho juez. Si fueron denuncias en la comisaría o a través de su abogado, eso no lo sé.
Es decir, lo diré con otras palabras, la niña fue asesinada porque un juez, sabiendo lo que sabía, impuso su autoridad para permitir que aquel hombre tuviera acceso a la menor. Sin esa decisión judicial, la amenaza proferida por el padre —“te quitaré lo que más quieres”— habría sido inofensiva. Fue la justicia española, y su aparato concreto y ejecutor, la que posibilitó que el asesino cumpliera su promesa.
Por eso, lo que algunas activistas celebran como un avance en el reconocimiento de "la violencia machista extrema", debería verse, en rigor, como una confirmación de la violencia institucional y dejarnos de zarandajas. El concepto de violencia vicaria ha operado aquí, y en otros muchos casos, como una ingeniosa herramienta discursiva para desviar el foco de responsabilidad. Así, en lugar de cuestionar el rol del poder judicial, la narrativa mediática y política convierte al hombre agresor en el único culpable y exhibe como lucha feminista lo que en realidad termina siendo un mecanismo de autoprotección del propio Estado, nos guste o no.
Tal vez, la "violencia vicaria" ni siquiera haya nacido como un mecanismo de autoprotección del propio sistema judicial, eso no puedo afirmarlo. Sólo Dios sabe qué tenían y tienen en la cabeza sus inventores y defensores, pero es evidente que el sistema judicial la ha recibido con los brazos y las subvenciones abiertas de par en par.
La niña asesinada, Andrea, se convierte así en un símbolo que ya no es ella misma. Su muerte es utilizada para reforzar un relato que convierte su tragedia en un asunto entre adultos —entre su padre y su madre— y borra la violencia institucional que ella realmente padeció. Así como también borra la otra violencia, la que su padre ejercía sobre ella directa o indirectamente tal y como su madre denunció incansable.
Porque Andrea murió no solo por culpa de un asesino —que lo era—, sino por la decisión consciente de un juez que ignoró las advertencias, los informes, las señales de peligro y las palabras del propio asesino.
El negocio que gira alrededor de la violencia vicaria es, presuntamente, redondo para el sistema judicial: permite alimentar la maquinaria ideológica contra el “padre violento” mientras se mantienen intactas las prácticas judiciales que siguen colocando a menores en manos de violentos y maltratadores. A la postre, lo que se está protegiendo es la potestad del juez de imponer visitas incluso en contextos de riesgo extremo, blindando así el principio estructural de que el vínculo con el progenitor, aunque éste sea peligroso, debe preservarse por encima de todo. Y todo esto fundamentado en el pretendido bien superior del niño.
El caso de Ángela González no es único (pues todos los días hay niños sufriendo por malas decisiones judiciales) ni es un ejemplo de lo que llaman "violencia vicaria", por más que quieran usarlo como emblemático. Es, sobre todo, según mi análisis, un caso prototípico de violencia institucional y se utiliza el concepto de violencia vicaria como cortina de humo. El asesinato de Andrea fue, en rigor, una muerte autorizada y permitida por un Estado que decidió ignorar la evidencia.
El feminismo institucional debería preguntarse por qué, cada vez que una tragedia así ocurre, el relato mediático se apresura a señalar exclusivamente al hombre y nunca al juez que firmó la sentencia que puso a la víctima en manos de su verdugo. Quizá la respuesta es incómoda: en el fondo, la violencia vicaria es el relato que necesita la justicia para quedar eximida de su responsabilidad en estos crímenes. Parece una "buena idea", inventar nuevas violencias, aunque traigan consecuencias nefastas como esconder la violencia institucional. Que es la madre del cordero.
No juzgo las presuntas intenciones de quienes inventaron la violencia vicaria o defienden su existencia como una brillante forma nueva de nombrar las violencias machistas. No puedo adivinar las intenciones de nadie y para eso, repito, está Dios. Pero no puedo evitar recordar el refrán aquel tan sabio: "De buenas intenciones está el infierno lleno" .
Y sí, cuando se habla de vidas, de violencia y de niños en peligro lo que necesitamos no son buenas ideas que justifiquen el actuar de los juzgados sino excelentes soluciones que salven vidas. No queremos cursos ni cursillos para mover dinero de subvenciones y chiringuitos y que cada experto o ponente se lleve su tajada. Queremos que se respete el deseo y el miedo que expresan los niños, que son concretos y no el abstracto "interés superior del menor" donde cabe todo lo humano y lo inhumano.
No he conseguido el nombre del juez. No hay constancia pública del nombre del juez o jueza que impuso el régimen de visitas sin supervisión en el caso de Andrea, o al menos yo no he sabido encontrarlo. Todos los informes y documentos oficiales —como el dictamen del Comité de la CEDAW (ONU) o las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional— mencionan al “juzgado” o a “los juzgados”, sin identificar individualmente al magistrado o magistrada responsable. Obvio. Entre bomberos no se pisan la manguera.
Es lo habitual en estas causas donde los niños terminan asesinados. Las resoluciones judiciales se atribuyan institucionalmente al juzgado, y no al juez concreto. Por eso me deja tan triste lo que está pasando. Por si aún no queda bastante protegido el juez responsable ... viene otro grupo de gente a señalar al padre como el perpetrador de la "violencia vicaria" que se ejerció para herir a la madre, como si lo principal aquí no fuera la muerte de la nena.
Realmente no estoy de acuerdo con ese sesgo. Si el sistema judicial quisiera terminar con ese tipo de asesinatos de niños, lo tendría fácil: cero visitas con violentos.
He pensado mucho en Angela en todos estos años y en su sufrimiento. Como madre me puedo imaginar su rabia y su dolor al verse impedida de proteger a su niña. Su inmensa frustración al ver como el "juzgado" ignoraba sus pedidos y súplicas. Su miedo al constatar el horror que vivía Andrea en cada visita.
El espanto más profundo para una madre no es solo temer por la vida de su hija, sino descubrir que quienes deberían ayudarla a protegerla —las autoridades, el juez, el Estado— no solo desoyen su clamor sino que condenan a la niña a visitar al violento.
Acudir a un tribunal con pruebas, advertencias y súplicas, y ver cómo el juez responde enviando a la niña, deliberadamente, a manos de quien la amenaza, es una traición estructural. Ese horror —la inversión absoluta del sentido de justicia— deja a la madre en la intemperie más brutal: no hay peor pesadilla que comprobar que el peligro no está fuera del sistema, sino que se materializa precisamente en el acto judicial que debería ofrecer protección.
Perfectamente podría decirse que fue un presunto caso de traición a la patria si aceptamos que “la patria” no es solamente la bandera ni el Estado abstracto sino la comunidad concreta de personas a las que las instituciones están supuestamente obligadas a proteger, entonces sí: cuando un juez, investido de poder público, abandona su deber esencial de proteger a los más vulnerables —en este caso una niña amenazada—, está traicionando la razón misma por la que el Estado existe.
Esa traición es aún más grave porque el juez actúa en nombre de “la patria potestad”, del “interés superior del menor” y de la “justicia”. Es traición en su forma más perversa: desde dentro, revestida de legalidad y solemnidad.
No hay palabras para acompañar en el sentimiento a esta madre, Ángela, una mujer torturada institucionalmente. Con total respeto he escrito esta reflexión y desde aquí le mando un abrazo, esté donde esté ella y otro para su hija. Ella sí sabemos dónde está los que creemos en Dios.
Los del juzgado también tienen un lugarcito reservado donde la justicia divina los pondrá cuando les llegue la hora. Aquí se libraron, pero en el más allá no escaparán de la verdadera justicia. Aquí ignoramos sus nombres, allí los conocen con nombres y apellidos.
Si esto fuera una película negra, el detective haría la pregunta clave: ¿a quién beneficia el uso de estos neologismos? ¿Quién queda impune cuando un niño es condenado a vivir con su maltratador? La respuesta está frente a nosotros: los jueces que dictan sentencias irresponsables y perpetúan la violencia, pues sus decisiones quedan disfrazadas de violencia vicaria.
Y ¿quién se lleva el dinero? Aquí entra el circuito perfecto: aparentemente las organizaciones feministas subvencionadas, asociaciones que viven de cursos, cursillos, conversatorios y exposiciones para “explicar” esta nueva violencia, la violencia vicaria. La "nueva violencia de género" que por se convierte así (queriendo o no) en esa etiqueta conveniente que desvía la mirada de donde debería estar: en el propio Estado y su maquinaria judicial que, a veces, convierte la protección en negocio y la justicia en espectáculo de sombras de terror.
Terminemos esta reflexión con una oración por Ángela y Andrea. No soy una mujer especialmente piadosa pero sí me he puesto de rodillas varias veces en la soledad de mi cuarto para pedirle a Cristo fuerza y sabiduría para manejar las situaciones que me tocaron vivir. Últimamente también le pido que me enseñe a sentir su Amor y hoy, especialmente, que su abrazo le llegue a esta madre y a esta hija.
Isabel Salas
Aclaración Uso la palabra “presuntamente” por pura y legítima autoprotección legal. Como los noticieros y todos los que hablan de crímenes. Aquí todos somos presuntos hasta que se demuestre lo contrario, y eso ya se sabe.
