EL ORDEN PÚBLICO Y LA VOLUNTAD POPULAR

El orden público desordena y coarta la libertad hasta un grado que pocos sospechan.

Me he pasado gran parte de mi vida en la inopia, en Narnia o como quieras llamar a ese estado de inconsciencia histórica y espacial en que se encuentra la gente en general. Sin embargo nunca encontré consuelo en el refrán, cruel como casi todos los refranes, que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. En realidad quedé muy consternada al darme cuenta de que la mayoría de la gente vive así. Vivimos así. Conforme me puse a estudiar entendí lo que significa que se te caiga el alma al suelo. Comprender que vivimos en un engaño no es para menos.

La mayoría de las personas vive su vida sin detenerse a entender en qué tipo de hábitat social está inmersa. Mientras un animal conoce perfectamente el funcionamiento de su entorno natural —sabe quién lo puede devorar, de qué alimentarse, cuándo es tiempo de ocultarse y cuándo de atacar—, el ser humano desconoce los mecanismos reales que regulan su vida. Cree saberlo porque se le ha enseñado un relato superficial que habla de democracia, Estado de derecho, Constitución o libertad de pactar. Pero ignora que bajo esa superficie hay un sistema complejo y bien diseñado que actúa sobre él como un conjunto de grilletes invisibles.

Uno de esos grilletes más eficaces y desconocidos es la noción jurídica de “orden público”. La mayoría ha oído esa expresión, pero la relaciona con temas triviales de "desorden" como la policía controlando una manifestación para que nadie rompa cristales, con esos vecinos que ponen la música alta cuando se juntan con amigos o con esas feministas con las tetas al aire pintando estatuas o defecando en las escalinatas de las iglesias. No comprenden que el orden público es un concepto profundo, elástico y mutante, que delimita hasta dónde puede llegar la voluntad individual antes de chocar contra el muro del interés general tal y como lo definen el legislador o el juez en cada época.

Este concepto no es nuevo, aunque su formulación técnica y abstracta es moderna. Su historia es la historia de cómo las sociedades han legitimado la imposición de reglas generales sobre los individuos, bajo distintas justificaciones, pero siempre con el mismo propósito: subordinar la autonomía privada a un principio supremo interpretado por una élite especializada. Nuestros amigos los especialistas y expertos a quienes tanto les debemos😕.

En el mundo antiguo —Egipto, Babilonia, Sumeria, Persia— la ley no se presentaba como una abstracción discutible: era la voluntad directa de los dioses administrada por el soberano, que a su vez ejercía como jefe político y sacerdote supremo. Importantísimo ese punto.

Nadie necesitaba definir algo parecido a “orden público”: el orden era el cosmos, y el soberano era su garante en la Tierra. En Egipto esto se encarnaba en el principio de Maat, ese equilibrio cósmico que el faraón debía preservar. En Babilonia, el Código de Hammurabi explicitaba que las leyes se dictaban para agradar a los dioses, proteger a los débiles y garantizar la paz en el reino. Osea, los Dioses tenían que estar contentos y los que sabían como agradarlos eran los expertos de la época: los sacerdotes y sus cómplices,  reyes o faraones o como los quisieran llamar.

En Roma se produjo un giro decisivo y maquiavélico que prepararía lo que siglos después terminó  desembocando en "nuestros días". Ellos definen la distinción entre ius publicum e ius privatum. Por primera vez se conceptualizó la idea de que había ámbitos reservados al interés común (la res publica) donde la voluntad individual debía ceder. Aún no existía el “orden público” como categoría abstracta y con este nombre, pero claramente ellos pusieron el huevo fecundado con el embrión creciendo dentro: lo público por encima de lo privado, el interés de Roma por encima de cualquier pacto particular.

Con la cristianización del Imperio y la expansión del derecho canónico en la Edad Media, se moralizó esta distinción. Otra vuelta de tuerca. Se dieron otros pasos muy bien dados y sutiles que abonaban el terreno para lo por venir. Las normas ya no solo protegían al Estado o al emperador, sino que tenían que reflejar la ley divina tal y como la Iglesia la interpretaba. Las normas sociales al servicio de la moral cristiana. 

Así surgió una casta sacerdotal que reclamaba la potestad de decidir qué era lícito y qué no, qué matrimonios podían celebrarse, qué contratos eran aceptables, cómo debían vivir las personas, qué estaba permitido enseñar y qué debía castigarse como herético. El sacerdote o el fraile cristiano se convirtió en el gran árbitro del orden social. Ellos eran los jueces, los notarios y los escribas que copiaban los manuscritos.

La aparente ruptura que  llega con la Revolución Francesa y la codificación napoleónica es exactamente eso, una apariencia, un espejismo o, si queremos ser más científicos, una tomadura de pelo colosal. 

Los ilustrados reemplazaron astutamente la referencia explícita a Dios por la referencia a la “voluntad general”, el nuevo principio supremo. Si ya era difícil cuestionar los deseos o la voluntad de Dios, imagínense a partir de este momento como se encara al "disidente" o al que critica. Señalar incoherencias o denunciar abusos del poder dejó de ser pecado para convertirse en traición. Se acabaron las penitencias y entramos en las grandes ligas.

Acordaos que Roma no paga traidores. 😁😁😁 Esto ya lo habían advertido con siglos de antecedencia y quien avisa no es traidor.

El Estado-nación, a partir de la revolución francesa, se erige como soberano absoluto y la ley pasa a ser “la expresión de la voluntad general”, como proclama el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El artículo 6 del Código Civil francés de 1804 lo formula con claridad: “No pueden derogarse mediante convenciones particulares las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres.” Aquí el concepto de orden público queda fijado como herramienta moderna. Es el límite formal que el Estado puede imponer a cualquier autonomía privada, invocando valores generales definidos por el legislador o por el juez.

En realidad, lo que ocurre dentro de la chistera del  mago ilustrado es un sencillo truco: el Estado moderno reemplaza a Dios. El conejo cambia de lugar con la paloma. Con el tiempo Alicia en el país de las maravillas será el nuevo Moisés y el Principito hablará desde las camisetas como el nuevo Zaratrusta.

Lo que antes había que cumplir porque agradaba a los dioses o porque lo decía la Iglesia, ahora hay que cumplirlo porque lo determina el Estado en nombre del bien común, de la moral pública o del interés general. Escoge tú el caramelo que más te guste.

La clave es que (en verdad) no se avanza para proteger al individuo frente al caos exterior, sino de someterlo preventivamente a una arquitectura jurídica que define qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede pactar, de qué puede disponer y de qué no. Y últimamente incluso qué puede pensar, qué puede opinar y qué puede preguntar sin cometer "crimen de odio".

La paradoja es que, mientras esto se presentaba y se sigue haciendo, como una liberación —el paso de la servidumbre religiosa a la ciudadanía ilustrada— en realidad supuso el refinamiento del mecanismo de control: ya no hacía falta recurrir a mandatos divinos o a la moral clerical. Ahora basta  con que la ley estatal diga que algo afecta al “orden público” para anular la voluntad individual.

Y es aquí donde aparece otro hilo de continuidad que no debemos perder de vista: los intérpretes.   

Los sacerdotes antiguos reclamaban el monopolio de saber qué quería Dios. Los  patricios y juristas romanos reclamaban el monopolio de saber qué era bueno para la res publica. Los clérigos y obispos medievales reclamaban el monopolio de saber qué exigía la moral cristiana. Y hoy, sus herederos —los jueces, los diplomáticos, los tecnócratas de organismos internacionales, los presidentes de los tribunales constitucionales o de la O.M.S. — reclaman el monopolio de saber qué quiere la ley, qué necesita el orden público, qué es bueno para el interés general.

Así mismo, sin tonterías ni medias tintas. 

Son ellos los auto-convocados para determinar qué reglas deben regir la convivencia. Y como siempre, excluyen, con la misma eficacia a los ciudadanos ordinarios, como tú y como yo, del debate público. Nos consideran incapaces para entenderlo.

El tema de la incapacidad es tan apasionante que le dedicaremos en algún momento un articulito también. Ahora volvamos al ejemplo del inicio.

Mientras el animal conoce perfectamente su hábitat natural, el ser humano vive en un hábitat artificial —jurídico, económico, institucional— que no comprende y que ni siquiera se detiene a analizar. No tiene tiempo, no tiene ganas o simplemente no le da la cabeza mal alimentada, llena de micro plásticos y conservantes para juntar dos y dos. Cree que sus contratos son libres, pero están restringidos por un orden público que no define él. Cree que sus decisiones sobre la educación y la custodia de sus hijos son suyas, pero están supervisadas y condicionadas por el interés superior del menor tal y como lo interpretan jueces y burócratas. Cree que trabaja para prosperar, pero está sujeto a reglas fiscales y laborales indisponibles, definidas también bajo el pretexto de la protección y el bien común. Y lo mismo pasa con las herencias y otros temas de los que ya hablaremos otro día.

Y lo más perverso de todo, al menos para mí, es que el proceso actual se está llevando a cabo sin que ya ni siquiera haga falta Dios como justificación última. 

Ni siquiera el Papa necesita invocar un Dios concreto: el anterior pontífice, por ejemplo, impulsaba un proyecto ecuménico que disuelve las diferencias religiosas para facilitar un consenso planetario en torno a un nuevo orden moral y jurídico mundial. Una mezcla de Yahvé, Jeová, Pacha Mama, Apis, Baal y lo que le quieran echar a la coctelera divina.

En ese orden, el para unos, ansiado NOM y para otros temido,  Estado mundial (o sus órganos equivalentes) se convertirá en el único soberano real, bajo la apariencia de laicidad, derechos universales y protección global.

Este es el resultado final de más de dos mil años de evolución: el paso de Dios al Estado, y del Estado nacional al Estado global, con el mismo propósito: definir qué está permitido, qué es moral, qué es ordenado, quién debe obedecer y quién tiene derecho a mandar.

Hoy los nuevos sacerdotes no están en templos: están en los tribunales, en las organizaciones supranacionales, en los despachos de los legisladores y en los organismos de “gobernanza global”. Pero son los mismos: los que siempre han sabido lo que Dios quería, lo que el Estado quería y lo que nosotros debemos querer, pensar y hacer para agradar a esa instancia superior que nunca hemos elegido y que nunca nos consideró plenamente capaces de decidir sobre nuestro propio destino.

Acordaos de  el Código de Hammurabi (siglo XVIII a.C.): “Para que el fuerte no oprima al débil, para que a los huérfanos y a las viudas se les haga justicia, he escrito mis preciosas palabras en mis estelas.” Sí, todo está inventado.

O recordad el Maat egipcio, "el orden que debe ser preservado por el faraón; sin él, todo se convierte en caos." Él  no impone leyes para proteger la voluntad individual sino para mantener el equilibrio del mundo (maat). 

De Graciano, Decretum Gratiani (c. 1140): "Lo que no es lícito ante Dios, no es lícito ante los hombres" Hemos pasado a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), art. 6: "La ley es la expresión de la voluntad general."

Se reemplaza directamente la voluntad de Dios por la voluntad general como fuente suprema de legitimidad jurídica. Lo incuestionable deja de ser lo divino y pasa a ser lo estatal-nacional. Aparece formalmente por primera vez el concepto moderno de “orden público” como cláusula general restrictiva, inseparable de la moral dominante. El paso definitivo: ya no hay un Dios, ni un emperador, ni siquiera un juez moral, sino la “ley estatal” como nuevo soberano moralizador. Lo he escrito de varias formas a ver si se entiende bien.

Y como dijo Cristo, quien tenga oídos que oiga.

Yo me quedo mil veces con su mensaje y cada día le pido que me ayude a oir, a leer y a entender. Y fíjate qué ironía más profunda y dolorosa, otra de sus frases,  “solo la verdad os hará libres” ha sido usada durante siglos por las mismas estructuras que han ocultado sistemáticamente esa verdad. Los que  han desfigurado, tergiversado y convertido la verdad en instrumento de dominación también se han querido apropiar del mensaje de Cristo y sus enseñanzas.

Él no hablaba sobre obedecer estructuras humanas ni  someterse a autoridades externas; hablaba de despertar, de salir de la ceguera, de ver el mundo con claridad, incluso aunque eso traiga dolor, y de que esa verdad —una vez comprendida— es lo único que puede liberar realmente al alma.

Por eso cuando dijo “quien tenga oídos para oír, que oiga”, creo que se refería a que no todos quieren escuchar y, peor aún, muchos prefieren no oír aunque la verdad esté gritando delante de ellos.

Y eso encaja perfectamente con lo que decíamos antes.  El “orden público” no es solo un mecanismo jurídico; es una barrera mental que impide siquiera plantearse que todo el relato sobre el que se apoya nuestra convivencia está cuidadosamente fabricado y diseñado para mantenernos atontados y dormidos.

Los nuevos sacerdotes del poder  se encargan de que la gente no oiga y no vea. Su función es administrar la ceguera colectiva mientras repiten lemas sobre libertad, igualdad y derechos humanos como mantras que tranquilizan pero que esconden el verdadero objetivo: la sumisión absoluta del individuo bajo estructuras opacas que nunca podrá controlar ni entender si no espabila.

O  yendo un pasito más adelante, despertar en Cristo. Sin él guiando nuestro corazón no se puede despertar realmente ni menos entender la trampa en la nos movemos. Hasta ahora, con todo lo que he estudiado y leído, solo Él me da el entendimiento de lo que es la Verdad y la Libertad.

 “El reino de Dios está dentro de vosotros” (Lucas 17:21).

No nos ofrece un nuevo código jurídico, ni una moral externa detallada. Su propuesta es la libertad interior radical, no sometida a ley humana ni al ritual religioso. Su mensaje es subversivo frente a cualquier poder terrenal o religioso organizado, antiguo o contemporáneo.

Cristo no proclama principios para que las élites los administren. Dice que no hace falta templo, ni escribas, ni intérpretes:

“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6).

Su mensaje es esencialmente antijerárquico. Todos pueden acceder directamente a la verdad sin expertos ni mediadores. Esto es anatema para cualquier estructura de poder que necesite administradores del orden, ya sea el sacerdote egipcio, el jurista romano, el papa, el tecnócrata, el obispo o el juez.

Por eso fue crucificado: no porque dijera ser Dios (en una cultura saturada de dioses), sino porque desactivaba los mecanismos de control social y religioso que mantenían el statu quo del Templo, de Roma y de las clases dominantes. El motivo real de su ejecución no es un asunto religioso, sino político. Ponía en riesgo el orden público romano en Judea al hablar de un Reino donde César no era el señor.

Si el proceso histórico fue de la ley divina a la ley estatal y luego global, Cristo rompe ese ciclo porque no propone ley alguna que regularice desde fuera, sino un despertar interior, incompatible con cualquier intento de reglamentar lo espiritual bajo pretexto de “orden público” o “bien común”. Cristo no nos considera incapaces, al contrario, nadie espera más de nosotros y de nuestras capacidades que él.

Por eso, en este artículo, Cristo no aparece  como un elemento más del escenario que estoy armando, sino como el punto de fuga que lo desbarata todo.

No se puede reglamentar desde fuera el acceso a la Verdad,

No se puede someter la libertad espiritual a las categorías jurídico-políticas de “orden”.

No se puede convertir a Cristo en símbolo estatal sin traicionarlo.

Mientras el concepto de orden público constituye el límite invisible y eficaz que asegura la dominación de las estructuras de poder sobre el individuo, Cristo representa exactamente lo opuesto: la posibilidad de una libertad que no pasa por ninguna estructura externa ni necesita intérpretes.

Traer Cristo a este análisis no es una acción romántica ni piadosa. Es, en rigor histórico, radicalmente acertada. La enseñanza de Cristo no fue absorbida por el sistema, al contrario, fue neutralizada, tergiversada y convertida en religión institucional precisamente porque desactivaba todos los resortes de dominación.

Por eso, invocar a Cristo en este contexto no es un refugio espiritual blando sino recordar la única declaración de ruptura total que el ser humano ha escuchado: “La Verdad os hará libres”  y recordar que ningún orden público podrá nunca garantizar ni administrar esa verdad.

Termino con un dato no menor. En los últimos 125 años casi cincuenta millones de cristianos han sido asesinados en Nigeria, Siria, China, URSS y otros lugares Es fácil encontrar información sobre ellos si se busca. Cristianos muy cercanos en su forma de vivir su fe a la de las primeras comunidades cristianas. Pregúntense porque esos asesinatos no son perseguidos ni se considera que atentan contra el orden público. De hecho ni siquiera son noticia en los principales medios. Ni se considera un genocidio.

Les dejo esta inquietud. La verdad es la verdad y brilla por sí misma cuando se rasca un poquito encima de la mugre con que lo han cubierto todo.

Isabel Salas 

DERECHOS INDISPONIBLES: EL CANDADO DE TU LIBERTAD

El contrato social fue siempre la coartada perfecta: libertad aparente para el pueblo, poder absoluto para el Estado.

En términos generales, orden público como concepto, está clarito y es fácil de entender. Sería el conjunto de principios y normas fundamentales que aseguran el funcionamiento básico y la cohesión de una sociedad en un momento histórico determinado, y que por ello se sitúan por encima de la autonomía privada.  

En otras palabras: Todo aquello que el legislador o el juez consideran esencial para garantizar la paz social, la moral pública, la seguridad jurídica o los valores fundamentales del ordenamiento jurídico correspondiente, forma parte del orden público y no puede ser contravenido ni limitado por acuerdos entre particulares. Ahí está la trampa del "contrato social" que nos imponen.

Tengamos en cuenta, en primer lugar, que es mutable e histórico. No hay un contenido fijo o eterno de “orden público”. Lo que hoy puede considerarse intocable, mañana puede dejar de serlo (por ejemplo: ciertas normas sobre moral sexual o religiosa que antes formaban parte indiscutida del orden público han desaparecido o cambiado radicalmente en algunos países).

Además, en segundo lugar, opera como límite absoluto, esto quiere decir que la autonomía de la voluntad individual se detiene donde empieza el orden público. El artículo 1255 del Código Civil español es ejemplar:

"Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público."

Y por último, pero no por ello menos importante, tiene una función legitimadora, es decir, permite al Estado mantener el control sobre ámbitos que podrían escapar a su intervención si se aceptara una libertad contractual sin restricciones.

Dicho todo esto entremos en materia. Hablaremos de los derechos indisponibles que son, en realidad, el mecanismo con el que el Estado de Derecho administra su poder tutelar sobre la vida privada de sus ciudadanos o súbditos, mientras mantiene la ilusión de que el contrato y la libertad individual son el centro del orden jurídico.

Y como toda ficción política bien diseñada, es igualitaria en la superficie pero profundamente jerárquica en su aplicación. De esto no me he dado cuenta por arte de virli-virloque. Me ha costado años profundizar en esta arena movediza en la que nací.

Las personas hablamos con ligereza, inconsciencia e ignorancia de libertad contractual, de autonomía individual, de la posibilidad de elegir y disponer sobre lo propio entre otros espejismos.  Pero hay una trampa escondida —la trampa mejor oculta del Estado de Derecho—: los mencionados derechos indisponibles. Una categoría que suena inocua, casi técnica, pero que es, en realidad, la puerta de entrada a la intervención más íntima y más opresiva del Estado en la vida de sus súbditos.

Un derecho indisponible es aquél sobre el que ni siquiera el acuerdo voluntario de las partes puede decidir. Aunque dos adultos conscientes quieran regular su relación amorosa, vecinal o laboral, el Estado se reserva la potestad última de control si lo pactado toca ciertos ámbitos: la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, las obligaciones laborales mínimas, incluido el horario de trabajo, los plazos legales o incluso la propia capacidad de defensa ante un tribunal.

Estos derechos “indisponibles” aparecen, formal y pretendidamente,  para proteger a los más débiles. Se dice que son necesarios para impedir abusos, para garantizar la dignidad de los niños, de los trabajadores, de los enfermos o de los incapaces. Y sin embargo, bajo esa premisa tan atractiva y protectora se esconde un mecanismo jurídico mucho más profundo: el instrumento que permite al Estado intervenir siempre que quiera en las decisiones más íntimas de los ciudadanos, incluso cuando nadie lo ha pedido o siente rechazo hacia la interferencia ajena, sea de un juez, de un inspector laboral o de un trabajador social.

Estos derechos indisponibles, se presentan como una salvaguarda contra el abuso, pero funcionan como un recordatorio de que la libertad contractual es siempre condicional y parcial. Puedes pactar lo que quieras… menos sobre lo que importa realmente: la guarda de tus hijos, tu salario mínimo, tu jornada laboral, tu vida, tu cuerpo, tus plazos procesales.

Este mecanismo no es nuevo. Sus raíces están en Roma, donde ya se distinguía entre las cosas comerciables (res in commercio) y las cosas fuera del comercio (res extra commercium), como los templos o las murallas de la ciudad. También las personas estaban sujetas a esta lógica: aunque el paterfamilias tenía una potestad casi absoluta sobre su familia, su capacidad de disponer sobre ella estaba limitada por el interés de la civitas.

En la Edad Media, esta distinción no era aún jurídica en sentido moderno, pero la estructura feudal hacía del linaje y de la familia un asunto colectivo, jerárquico y político, donde las relaciones privadas quedaban subsumidas bajo la autoridad del señor feudal o de la Iglesia. El individuo, en rigor, no existía como sujeto soberano ni entonces ni hoy.

Con la Ilustración y los códigos civiles liberales se le prometió a los hombres, que los varones serían libres de disponer de sí mismos y de sus relaciones. Las mujeres seguirían siendo tuteladas  por sus padres, maridos o hijos y consideradas incapaces. Recordemos a Mary Wollstonecraft (1759-1797), autora de Vindicación de los derechos de la mujer (1792). Aunque admiraba algunos ideales ilustrados, denunció el profundo sesgo patriarcal de sus proclamaciones universalistas, que dejaban a las mujeres fuera del concepto de “hombre libre”. Y pensemos en Olympe de Gouges (1748-1793), ella redactó la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791. Fue ejecutada por atreverse a exigir que los principios ilustrados se aplicaran también a las mujeres.

Los varones estaban contentos, pero algunos no tardaron en ver aparecer las excepciones y quedarse más preocupados: todo lo que afectara al “orden público” quedaba fuera de esa autonomía. Es decir, el mismo ordenamiento que predicaba la libertad contractual estableció cuidadosamente sus límites —precisamente donde la libertad era más valiosa — en la familia, en el trabajo, en los bienes esenciales para la subsistencia.

Hoy, esa lógica sigue vigente: Una mujer, que ahora puede votar y no necesita tutela en determinadas situaciones, sin embargo no puede acordar con el padre de sus hijos, ni antes ni después de tenerlos,  que la custodia será siempre materna, porque la custodia es indisponible y un juez podrá decidir lo contrario aunque haya acuerdo.

Tampoco  puede renunciar a la pensión alimenticia de ella misma o de sus hijos, aunque lo firme por presión o por miedo. Solo un juez puede revocar ese derecho que otra sentencia le otorgó.

Ni ella ni nadie puede pactar una jornada laboral superior a la máxima legal ni un salario inferior al mínimo: aunque lo necesite, aunque lo prefiera, el Estado lo prohíbe.

Y sin embargo, esta rígida arquitectura que aplasta la voluntad individual se vuelve sorprendentemente flexible cuando toca a las élites. ¿Alguien se ha preguntado cómo se organizan las custodias en las monarquías europeas? Felipe VI o Carlos III pueden prever, y por lo visto así lo hicieron, en sus acuerdos prematrimoniales que la custodia formal de sus hijos quedaría bajo su control en caso de divorcio.

¿Y cómo es posible? Fácil, porque los hijos de los reyes no son solo hijos: son activos dinásticos y símbolos políticos, y la continuidad de la monarquía se impone a cualquier “interés superior del menor”.

Para ti, madre plebeya, la custodia de tus hijos es un derecho indisponible. Para los reyes rey, no. Así que no hay que engañarse: los derechos indisponibles son indisponibles… pero solo para el pueblo. El Estado se reserva la última palabra sobre los pobres, los débiles y los comunes. Un rey, en cambio, dispone de sus hijos, su esposa y sus matrimonios porque su familia sigue siendo, como en la Edad Media, o en la Roma de los Patricios, una cuestión de Estado, no de derecho, o al menos así lo entiendo analizando los hechos.

Y todo esto desmonta la gran mentira que nos han vendido sobre las ventajas del Estado de Derecho. Mientras a ti te dicen que el contrato, sea social, matrimonial o laboral, es el centro de la libertad individual, la ley reserva para sí el control absoluto sobre los ámbitos fundamentales de tu vida, disfrazando de “protección” lo que es en realidad un dispositivo perfecto de dominación estructural. El candado de tu cadena.

Puedes amar a quien quieras, pactar lo que quieras… siempre que lo verdaderamente importante siga siendo asunto del Estado. Nuestro querido Rousseau, el gran charlatán, por su parte, no ignoraba que nos la estaba metiendo doblada cuando se sacó de la manga  el contrato social.

Estaba muy consciente de lo que era,  una ficción. Lo sabía perfectamente y lo formula como tal. No describe un pacto histórico real sino que fabrica un relato legitimador del poder soberano. Y lo peor, lo disfraza de teoría de la libertad e igualdad mientras sienta las bases para que el Estado pueda intervenir sobre cualquier ámbito de la vida privada bajo el argumento de que todo está basado en el consentimiento general. Ni los hermanos Grimn, ni Verne, ni mi admirada J. K. Rowling se atrevieron a tanto.

Rousseau es, así, junto con sus amigos ilustrados, cómplice perfecto del tinglado que entre todos levantaron. Contribuye con entusiasmo a darle al poder moderno la coartada filosófica que necesita para disfrazarse de voluntad común cuando no es más que dominación estructural. 

El filósofo que hablaba de libertad mientras abandonaba alegremente a sus propios hijos, es el patrono perfecto de este despropósito. Él nos regaló el contrato social, una fábula diseñada para que los súbditos se crean ciudadanos mientras siguen exactamente igual de controlados. Gracias Jean-Jacques: no solo abandonaste a tus hijos, también abandonaste a la posteridad en manos del Estado.

Y a nosotros nos toca ahora cuestionar dentro de los estrechos márgenes que nos permiten, siempre con mucha educación y bastante miedo, si la forma de gobierno que nos imponen es la que más conviene. Eso sí, sin que se ofendan y nos desaparezcan.

Isabel Salas 

 

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MATERNIDAD: ESPEJISMO JURÍDICO

 Aclaremos de una vez de quien son los hijos que parimos.

En los autoproclamados países occidentales, las mujeres, hoy más que nunca,  enfrentan una paradoja brutal: se les dice que pueden elegir, decidir, ser libres, casarse por amor y construir familias protegidas por la ley, pero la realidad jurídica es otra.Digamos que son un tanto libres pero siempre dentro del corralito legal invisible que nos rodea. El sistema jurídico, desde los romanos hasta hoy,  ha ido convirtiendo el vínculo madre-hijo en un vínculo vigilado y tutelado, incluso en los casos en que la madre ha sido la principal, o única, cuidadora.

Ni en Brasil, ni en España, ni en ninguno de esos paraísos de "igualdad moderna"  en los que he vivido,  existe mecanismo legal que permita a una mujer dormir tranquila y garantizar que conservará la custodia de sus hijos en caso de ruptura con el padre. Ese príncipe azul que algunas veces es menos azul y más violento de lo que parecía.

Ni un acuerdo prenupcial lleno de firmas, testigos y sellos  notariales, ni un fideicomiso inter vivos, ni una declaración conjunta, tendrán fuerza jurídica suficiente para impedir que, en caso de conflicto, un juez —que no conoce a esos niños ni a esa madre— pueda decidir, a su sola discreción, quién ejercerá la guarda. Y lo hará solo o rodeado de sus cómplices los miembros del equipo psicosocial, pero todos actuarán bajo el mantra abstracto del “interés superior del menor”.

El principio que rige en ese maravilloso sistema es claro, casi elegante en su crueldad: la custodia de los hijos no es materia privada, es materia de "orden público" y "derechos "indisponibles", y por tanto ninguna madre puede escapar a la posibilidad de que la custodia de sus hijos termine  judicializada, incluso aunque exista un acuerdo previo con el padre. Libertad femenina sólo en la medida en que el Estado la mida,  la pese y la tolere.

La única vía que otorga a la mujer un mínimo control —precario e inestable— es no registrar al hijo con el nombre del padre: concentrarse en ser madre soltera y no permitir que el padre figure formalmente como progenitor legal.  Este método, por supuesto, ha sido siempre mal visto socialmente y han insultado a las madres que optan por él, confundiendo su libertad con promiscuidad y catalogando a sus hijos como bastardos.

Pero atención, incluso así, aunque impidas que figure el progenitor en el certificado de nacimiento, el Estado puede intervenir, porque cualquier tercero, un vecino entrometido o una cuñada envidiosa, puede denunciar a esa madre bajo acusaciones de “negligencia”, y el aparato judicial volverá a desplegarse para decidir sobre la vida del niño. Pero al menos habrá un solo frente de batalla llegado el caso y es fácil ganar con pocas y sabias estrategias adicionales.

Nos dicen que el matrimonio  protege a la madre y lo repiten desde todos sus micrófonos, para convencernos a las hembras de que necesitamos ese amparo legal para estar tranquilas. Sin embargo, en realidad,  nadie nos explica que nos colocamos en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica, porque institucionaliza la igualdad de derechos parentales y activa automáticamente la tutela estatal sobre la relación madre-hijo. Dejamos de ser mamíferos para tener el mismo grado de importancia que el progenitor en la vida del hijo que hemos parido.

Se dice que la ley protege a las familias, y eso es cierto —pero sólo si recordamos qué entiende históricamente el derecho por familia: el conjunto de esclavos, hijos y esposa pertenecientes a un hombre libre, bajo su autoridad absoluta. Eso es lo que la ley protege y sigue protegiendo hoy bajo formas renovadas y políticamente correctas: una estructura funcional al patriarcado, no a la libertad ni mucho menos a la maternidad autónoma.

Esta verdad incómoda tiene consecuencias visibles pero poco mencionadas: muchas mujeres jóvenes renuncian hoy directamente a la maternidad; otras optan por criar solas, fuera del radar; y muchas más se sienten atrapadas en un sistema donde pueden ser despojadas de sus hijos mediante decisiones judiciales que no necesitan demostrar daño real, sino simplemente declarar que su criterio es “lo mejor para el niño”.

El co-mothering o motherhood pod, fenómeno reciente, es una forma de convivencia o red colaborativa entre madres, generalmente solteras o con familia dispersa, que deciden unirse para criar a los hijos en comunidad. Cada madre aporta tiempo, recursos, cuidado y compañía, generando una red de apoyo mutuo que puede incluir co-habitación, cuidado compartido, compras e incluso decisiones educativas. 

TODAY describe cómo dos madres solteras en Vermont compraron una casa con otras dos mujeres y decidieron criar a sus hijos juntas. Lo llamaron “Siren House”, una casa comunitaria donde comparten crianza, gastos, tiempo y compañía. He compartido el enlace para quien quiera leer el reportaje. Muy recomendable. Una respuesta concreta al aislamiento y la precariedad de muchas madres solteras. No garantiza derechos legales sobre los hijos, pero fortalece lo social, emocional y material de la crianza compartida y es un gran apoyo a todos los niveles incluido el legal.

Hacen falta soluciones creativas en tiempos de crisis y soluciones radicales en tiempos de guerra. Por si alguien no se ha dado cuenta el sistema patriarcal ha estado y siguue estando en guerra contra la madre. No contra la maternidad. Ese concepto les encanta a todos y exaltado como algo noble. Al final, la maternidad es el método a través del acual los hombres tienen hijos.

Sin embargo las madres molestan.   Plantearse la maternidad sin padre reconocido puede ser una buena solución para quienes quieren ser madres si presión y sin miedo de perder a sus hijos.

Para quienes se quieren arriesgar a vivir la maternidad en pareja, con todo lo que he expuesto, el tema se reduce a un consejo doloroso pero honesto: escoge muy bien con quién quieres tener hijos, porque ese hombre será el que te encontrará en los tribunales si la relación fracasa.

El amor romántico puede elegirse con quien se desee; la maternidad, si está formalizada jurídicamente, es otra cosa: es una relación donde el padre y el juez compartirán el poder sobre tu hijo, y tú serás la administrada, la vigilada y la sospechosa en caso de conflicto.

Nada protege realmente a las madres de este aparato.

Y ninguna mujer debería ignorarlo antes de casarse o registrar a un hijo con el apellido de un hombre que, si mañana se convierte en su adversario, tendrá el respaldo pleno del sistema jurídico. No importa si es violento, alcohólico o abusador, el sistema patriarcal judicial, inspirado en la importancia del pater familia está diseñado por y para el padre. No para la madre. Una madre que espera protección y justicia del juzgado de familia es tan ingenua como un vegano que quiere acariciar a un tigre vivo.

El tigre no es vegano.

Y ten en cuenta que el juzgado de familia protege a la familia cuyo propietario es el hombre. A la tuya no. Nunca lo olvides.

 Isabel Salas 

 

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REBOLLEDO Y SU GRAN INVESTIGACIÓN

La diferencia  entre falso e indemostrable: la trampa del discurso machirulo sobre las "denuncias falsas".

 

Publicar un libro lleno de falacias el 1 de abril —el April Fool’s Day anglosajón— tiene una ironía jugosa. Que, además, se titule Falsas denuncias y esté plagado de razonamientos falaces roza el acto fallido editorial. Si no fue intencional, parece una broma del inconsciente; si lo fue, resulta una provocación innecesaria en un tema que no admite cinismo.

Publicar ese tipo de libro, sin rigor metodológico, sin estadística sólida, sin revisar el sesgo judicial ni la violencia institucional contra niños y madres, y hacerlo precisamente el Día Internacional de la Mentira, solo añade una capa grotesca a lo que ya es, de por sí, una maniobra peligrosa: desacreditar el testimonio infantil bajo el disfraz de “periodismo de investigación”.

No sé si reírme o escribir una nota al pie. Tal vez ambas cosas, si no fuera porque el asunto tiene muy poca gracia. Así que me quedo con escribir sin indagar demasiado en "dónde" habrá investigado el autor para aparecer con tan peregrinas "conclusiones" tan sesgadas y pobres.

El periodista Javier Rebolledo ha declarado en múltiples entrevistas que entre un 30 y un 40 % de las denuncias por abuso sexual infantil serían falsas. Lo afirma sin datos oficiales, sin estudios verificables, y lo repite en medios y presentaciones como si su convicción personal bastara. Lo más grave no es la falta de rigor, sino el éxito de una falacia. Llevan a la gente a confundir la falta de condena con falsedad. Si lo hace consciente o inconscientemente eso sólo Dios lo sabe y yo no voy a condenarlo.

Lo que Rebolledo no dice —y muchos medios tampoco cuestionan— es que, para que una denuncia sea considerada falsa, debe abrirse una causa penal específica por denuncia calumniosa, con pruebas sólidas y sentencia firme. Eso casi nunca ocurre. Partamos de un hecho concreto, el sistema no persigue la falsedad con la misma vehemencia con que  pretendidamente persigue el abuso. Y eso, tratándose de niños y niñas, ya es decir poco. Lo diré más claro, sin denuncia penal por falsedad no hay investigación.

Tampoco menciona que la mayoría de las denuncias que no terminan en condena se archivan por falta de pruebas, no por ser inventadas. Es decir: hubo denuncia, hubo un relato de un niño o una niña, pero no hubo posibilidad de probarlo con las herramientas que la justicia tiene hoy y sus sesgos patriarcales. Tengamos también en cuenta que el juez estima unas pruebas, desestima otras y eso aún complica más probar ciertos hechos.

Pensemos juntos, ¿Cómo se demuestra un abuso ocurrido entre cuatro paredes, sin testigos, sin lesiones visibles, y con una criatura que apenas puede explicar lo que le pasó? A menudo, no se puede. Y esa impotencia judicial se transforma, dentro del discurso de Rebolledo, en “falsedad”.

A eso se suma otra perversión discursiva: si una madre denuncia después de un conflicto de pareja, se sospecha de su motivación antes que del relato del niño. Se invierte la carga de la prueba: ella tiene que demostrar que no miente. Si está angustiada, se la acusa de “trastornada”. Si está serena, de “calculadora”. Si el niño se contradice, es porque fue manipulado. Si no se contradice, es porque fue entrenado. La verdad queda atrapada en un juego  perverso de doble filo que siempre la degüella.

¿Y las estadísticas? El famoso “0,01 %” de denuncias falsas que algunas feministas esgrimen tampoco dice nada. Es otra media verdad. Solo refleja cuántas causas fueron formalmente investigadas como falsas, no cuántas lo eran en realidad. El número es bajo no porque no haya manipulación, sino porque el sistema no registra lo que no investiga. Y revelan algo muy jugoso, muy pocos acusados se atreven realmente a denunciar a quien los denunció. Muchos saben que se salvaron por falta de pruebas y no por ser inocentes. Y sus abogados se lo advierten,  si difícil es demostrar lo que sucedió entre cuatro paredes en el cuarto de un niño, mucho mas difícil es demostrar la "intención" de quien denuncia.

Es más rentable y jugoso enarbolar la bandera de la falsa denuncia y hacer pasar por  inocencia la culpabilidad "no probada". 

El problema no es que haya gente que mienta. El problema es que se usa esa posibilidad como coartada para dudar sistemáticamente del testimonio infantil y deslegitimar a las madres o abuelas que denuncian lo que sus hijos e hijas  cuentan que les hace su padre. Y eso no solo es injusto: es peligroso. Porque mientras discutimos si las madres mienten, los abusadores siguen en casa, y muchas veces viviendo con sus hijos. Niños y niñas que son separados de su madre por "alienadora". 

Ante la falta de "pruebas" del abuso, el perpetrador no solo sigue libre sino que el niño es obligado a convivir con él aunque suplique que lo dejen seguir viviendo con su mamá. El juzgado, obviamente, no puede ni debe condenar a un hombre si hay  falta de pruebas. Pero puede (y lo hace diariamente)  condenar al niño a convivir con el padre. Y también condena a la madre y al hijo a vivir separados, muchas veces sin visitas y con contacto cero.

El sistema judicial patriarcal siempre se muestra dispuesto a cerrar filas ante el profesor de kárate pederasta o el vecino con problemas que toquetea a los niños del barrio. Pero contra el padre... eso no. El pater familia intocable es la base de la sociedad que hemos creado. No la familia, como nos repiten mil veces cada día. Recordemos siempre que familia etimológicamente es el conjunto de esclavos, hijos y esposa de un hombre. La base de la nuestra sociedad es el patriarcado, y la propiedad. Primero el macho padre y después el papá Estado, que es quien tiene el ultimo martillazo.

Acordaos de los cien patriarcas escogidos por Rómulo después de matar a su hermano para fundar Roma. Cien machorros sin esposa a los que llamó "Pater senatus" sin haber engendrado nunca un hijo.

Las mujeres necesarias para hacerlo las buscaron rapidito. Quedaron con los vecinos, unos tales sabinos y le secuestraron a las hijas y esposas. Hay muchos cuadros del rapto de las pobres sabinas obligadas después a convivir con sus secuestradores y darles hijos a los asesinos de sus hijos, padres y hermanos. Esa es la base de Roma, y del derecho romano que padecemos hasta hoy.  Asesinato, machismo y secuestro. Ese es el patriarcado en su máximo esplendor.

Rebolledo debería investigar un poquito de donde nacen los sesgos de los juzgados de familia antes de escribir y la editorial Planeta, que no sé en cual planeta se inspiró para escoger el nombre, tal vez debería aterrizar en el nuestro.

En el planeta Tierra hace falta investigar más antes de hablar y publicar para poder ser tomado en serio.

Isabel Salas

LOS BARROTES DE PAPEL

Los barrotes que nos mantienen prisioneros no son imaginarios ni un delirio de nuestras cabezas: están en los derechos que no podemos tocar y en las leyes que nos inmovilizan.

 

Vivimos inmersos en una estructura jurídica que opera como una prisión invisible. Sus barrotes no son metáforas: existen. Son normas, registros, ficciones legales y mecanismos de coerción que delimitan lo que podemos hacer, decidir o incluso desear. No son ilusiones que se disuelven “subiendo la frecuencia” ni ignorándolos con frases místicas. Pero tampoco son indestructibles.

Cuanto más los nombramos, estudiamos, comprendemos y desenmascaramos, más capacidad ganamos para evitarlos, rodearlos, burlar sus trampas o, al menos, dejar de considerarlos legítimos. El primer paso no es negarlos, sino verlos con claridad. Y el segundo, aprender a moverse entre ellos con inteligencia estratégica.

En lo que sigue, abordaremos diez de estos barrotes: no desde el victimismo, sino desde la lucidez. Veremos cómo operan, qué efectos tienen y —sobre todo— cómo enfrentarlos sin caer en la trampa de la obediencia ni en la fantasía de las fórmulas mágicas.

1. La FICCIÓN JURÍDICA de la “persona”

Qué es:
Cuando naces, no se registra a un ser humano: se registra una persona jurídica. Esa "persona" no eres tú, sino una representación legal (nombre completo, sexo, filiación, fecha, nacionalidad...).

Función del barrote:
El sistema no trata con seres vivos, sino con entidades registradas. Cualquier derecho, contrato o deber se te impone a través de esa máscara jurídica. Tú eres el garante físico de esa ficción.

Ejemplo:
No puedes actuar sin un documento. El sistema te obliga a hablar y actuar en nombre de esa persona registrada. Sin documentos tus hijos no pueden ir a la escuela, ni puedes viajar al extranjero ni puedes abrir una empresa etc

2. El REGISTRO como trampa de entrada

Qué es:
Todo acto vital se registra: nacimiento, matrimonio, domicilio, propiedad, empleo, muerte. Pero esos registros no son tuyos, pertenecen al Estado.

Función del barrote:
El registro es una forma de dominio encubierto. Si no estás registrado, no existes legalmente, ni eres "dueño" de tu casa. Si lo estás, estás sujeto al ordenamiento que te incluye.

Ejemplo:
Tu vivienda está “a tu nombre”, pero lo que se reconoce es tu condición de “titular registral”, no de dueño absoluto. Si el Estado quiere, expropia, ejecuta, anula.

3. El CONTRATO SOCIAL no consentido

Qué es:
Se presupone que tú aceptas vivir bajo las leyes del Estado por el solo hecho de nacer o vivir en su territorio.

Función del barrote:
No hay consentimiento explícito, pero se aplica como si lo hubieras firmado. El contrato es forzado y unilateral.

Ejemplo:
Pagas impuestos, obedeces leyes, cumples obligaciones... pero nunca firmaste nada. Y si intentas objetarlo, te reprimen, te excluyen o te tildan de loco.

4. Los DERECHOS INDISPONIBLES

Qué son:
Son derechos que, aunque se te reconocen, no puedes ejercer a tu voluntad, porque están supeditados al “interés general”, “orden público” o “protección del menor”.

Función del barrote:
El Estado decide por ti en temas como: patria potestad, salud, educación, integridad del cuerpo, custodia de hijos, vacunación, asistencia médica, eutanasia. Como si fueras un incapaz que no sabe ni lo que quiere ni lo que le conviene.

Ejemplo:
No puedes sacar a tu hijo del país si hay un proceso judicial. No puedes negarte a recibir determinadas vacunas en ciertos regímenes. No puedes decidir morir asistido aunque lo desees.

5. El MONOPOLIO DE LA FUERZA Y DE LA INTERPRETACIÓN

Qué es:
El Estado tiene el monopolio legal de la violencia (policía, jueces, sanciones) y de la interpretación del derecho (tribunales, jurisprudencia). Lo mismo que pasaba con los patricios y el vulgo en Roma, (muy interesante si quieres ampliar)

Función del barrote:
Aunque conozcas la ley mejor que tu abogado, no sirve de nada: el juez tiene la última palabra, incluso si viola el sentido común o la lógica del propio código.

Ejemplo:
Una madre con pruebas de abuso pierde la custodia por “obstaculizar el vínculo”. Aunque el fallo sea ilegítimo e ilegal, nadie lo revoca si no conviene al sistema.

6. El LENGUAJE JURÍDICO como código cifrado

Qué es:
El derecho positivo se expresa en un idioma opaco, lleno de tecnicismos y palabras-trampa que ocultan su verdadero efecto.

Función del barrote:
Si no hablas ese idioma, no puedes defenderte. Dependes de un abogado que juega en la misma cancha que el juez y que muchas veces está más comprometido con el procedimiento que contigo.

Ejemplo:
“Custodia compartida”, “interés superior del menor”, “suspensión del régimen de visitas”, “ejecución forzosa”... Son eufemismos para procesos que muchas veces implican violencia institucional.

7. La TRAMPA DE LOS PLAZOS Y LA CARGA PROBATORIA

Qué es:
El sistema impone plazos rígidos, plazos de prescripción, requisitos procesales y una lógica perversa de quién tiene que probar qué.

Función del barrote:
Puedes tener razón, pero si no actúas en el plazo exacto, si no presentas el documento correcto, o si no puedes probar lo que pasó, pierdes.

Ejemplo:
Un abusador queda libre porque la víctima denunció fuera de plazo. O porque la prueba fue “no concluyente”. No importa si el juez sabe que es culpable. El sistema no lo reconoce.

8. El DERECHO COMO INSTRUMENTO DE INGENIERÍA SOCIAL

Qué es:
Las leyes no se hacen para proteger a la persona, sino para modelar conductas: fomentar ciertos tipos de familia, castigar otras, promover ciertos valores y penalizar otros.

Función del barrote:
Te crees libre, pero tu conducta es condicionada por amenazas legales o beneficios legales.

Ejemplo:
Si formas familia según el modelo del Estado (matrimonio registrado, con roles definidos), tienes subsidios. Si crías sola puedes perder la custodia.

9. El PACTO TRIBUTARIO INVISIBLE

Qué es:
El Estado se financia con tu esfuerzo, pero no lo reconoces como contrato. Se presenta como deber moral o legal incuestionable.

Función del barrote:
Trabajas medio año para pagar impuestos. Luego debes justificar en qué gastas lo tuyo. Pero el Estado nunca justifica lo que hace con lo que te quita.

Ejemplo:
Impuestos indirectos, IVA, cotizaciones obligatorias, tasas judiciales. Pagas hasta por litigar.

10. El MITO DEL ESTADO DE DERECHO

Qué es:
La creencia de que todos somos iguales ante la ley y que la justicia es objetiva, neutral y predecible.

Función del barrote:
Sirve para disfrazar la desigualdad estructural, los fueros, los privilegios de clase, los pactos de poder, la impunidad institucional.

Ejemplo:
Tú vas a la cárcel por una deuda o un error. Un político o un empresario con abogado y lobby sale absuelto “por falta de dolo” o “prescripción.

 

Ahora vamos a desmontar los barrotes uno por uno. Pero no con palabrería estilo “cree y se te dará”, sino con estrategia práctica, lúcida y sin autoengaños. El objetivo no es evadir el sistema con fórmulas mágicas, sino entender su arquitectura y detectar las grietas por donde puedes moverte con autonomía. 

 CÓMO SE ENFRENTA CADA BARROTE 

1. La ficción jurídica de la “persona”

Barrote: El sistema no reconoce a la persona viva, sólo a la entidad registrada.

Cómo se enfrenta:

• Asume que no puedes salir del juego, pero puedes aprender las reglas. No luches contra la ficción: úsala con conciencia.

• Domina el lenguaje jurídico básico: necesitas saber cuándo estás actuando “a nombre de”, cuándo estás siendo tratado como garante, cuándo estás siendo embargada no a ti, sino a la entidad.

• No firmes nada sin entenderlo. Cada firma es un acto sagrado en este mundo. Firma como representante consciente, no como víctima.

Estrategia realista:
No huyas del DNI ni del pasaporte. Aprende a interpretar los efectos jurídicos de cada documento y a limitar su uso a lo necesario.

2. El registro como trampa de entrada

Barrote: Si no estás registrado, no existes legalmente. Pero si lo estás, estás atrapada.

Cómo se enfrenta:

• No registres nada innecesario. Cada inscripción crea una huella jurídica.

• Explora figuras como fideicomisos, donaciones entre vivos, titularidad fiduciaria para mantener los bienes separados de tu identidad registral.

• Usa herramientas legales a tu favor, no desde el miedo sino desde el conocimiento: actúa desde la capa superior del sistema, no desde la más expuesta.

Estrategia realista:
Crear un fideicomiso no para evadir impuestos, sino para limitar tu exposición patrimonial. Lo puedes constituir entre vivos, incluso sin bienes, como escudo anticipado.

3. El contrato social no consentido

Barrote: Estás obligada a obedecer leyes que nunca aceptaste.

Cómo se enfrenta:

• No puedes salir del contrato por la fuerza, pero puedes acotar tu exposición. Reduce tu dependencia del Estado: educación autónoma, salud alternativa, economía paralela.

• Aprende los mecanismos de objeción administrativa y reserva de derechos. Existen recursos jurídicos reales para impugnar actos ilegítimos (aunque pocos lo sepan usar).

• Usa tu estatus de extranjero, viuda, soltero, incapacitado, jubilada, o lo que sea, como ventaja legal en lugar de debilidad.

Estrategia realista:
No vas a romper el contrato social, pero puedes vivir en sus márgenes, sin dejar huella cada vez que respiras.

4. Los derechos indisponibles

Barrote: Aunque tengas razón, el Estado puede decirte que no tienes derecho a decidir.

Cómo se enfrenta:

• Estudia bien qué derechos son indisponibles y por qué. La clave está en la interpretación judicial, no en la ley escrita.

• No entres en batallas sin estrategia: construye antes tu marco protector (testamento, poderes preventivos, guarda de hecho, respaldo médico, red de aliados).

• En casos de familia: anticipa las jugadas del sistema, documenta desde el inicio, graba lo grabable, actúa preventivamente, no cuando ya estás en juicio.

Estrategia realista:
No luches “por el derecho” sino por tus libertades. Organízate desde el vacío del sistema. Documenta mejor que ellos. Acusa antes de ser acusada. 

5. Monopolio de la fuerza y de la interpretación

Barrote: El juez decide lo que quiera. El abogado obedece la lógica del sistema.

Cómo se enfrenta:

• Deja de esperar justicia. Prepara el terreno como si fuera guerra.

• No dependas del abogado para pensar. Prepárate tú, léete los códigos, los precedentes, los tratados, las reglas procesales. Que el abogado sea un ejecutor, no tu tutor.

• Graba las audiencias, si puedes. Documenta cada contacto.

• Si te toca elegir juez o tribunal: elige. Investiga. Recusa. Denuncia. Muestra los dientes jurídicamente.

Estrategia realista:
El juez no es neutral. Es un "sacerdote" del sistema. Actúa como si fuera tu enemigo, incluso si sonríe. No te dejes engatusar.

6. Lenguaje jurídico como código cifrado

Barrote: Si no hablas su idioma, no puedes defenderte.

Cómo se enfrenta:

• Haz un glosario propio. Palabra por palabra, artículo por artículo para entender qué es lo que realmente quieren decir.

• Desmonta sus eufemismos en tus escritos. Usa su lenguaje contra ellos: “Cuando dicen ‘interés superior del menor’, en realidad están diciendo ‘ajuste institucional a criterios estandarizados’”.

• Traduce lo que escriben. Pide que lo traduzcan si no sabes hacerlo. Obliga a dejar claro lo que ocultan.

Estrategia realista:
Habla como ellos. Pero piensa como tú.

 

7. Trampa de los plazos y la carga probatoria

Barrote: Puedes tener razón y aun así perder, porque no lo dijiste a tiempo o no probaste lo que sabías.

Cómo se enfrenta:

• Anticípate al litigio. No esperes a que empiece un juicio. Actúa como si el conflicto fuera seguro.

• Guarda cada documento como si fuera oro. Pantallazos, correos, fechas, versiones anteriores. Todo sirve.

• Aprende las reglas de prueba. ¿Qué se acepta como prueba? ¿Quién tiene la carga? ¿Hay inversión de carga en temas específicos? Esto cambia todo.

• Domina el calendario. Si vas a juicio, los plazos son tu arma o tu condena. Usa recordatorios, alertas, cronogramas.

Estrategia realista:
Haz de cada día un acto procesal. El juicio empieza mucho antes de que te lo notifiquen.

8.  El derecho como ingeniería social

Barrote: Las leyes no están hechas para protegerte, sino para modelarte y someterte.

Cómo se enfrenta:

• Detecta los valores ocultos en cada norma. ¿Qué modelo de madre, padre, hijo, estudiante, turista, ciudadano o pareja está premiando la ley?

• No respondas desde el molde que ellos crearon. Si sabes que castigan a la madre defensora de sus crías, no les hagas el juego. No permitas que te vean  como a la madre loca. No les cuesta nada mandarte al psiquiatra y de hecho lo hacen todos los días con miles de madres. Entra como investigadora, como gestora de riesgos, como protectora estratégica.

• Reconfigura tu imagen pública. No eres la víctima. Eres la testigo experta de una falla sistémica.

Estrategia realista:
En el teatro judicial, escoge tú el papel que representas. No dejes que te lo asignen.

9.  El pacto tributario invisible

Barrote: Trabajas medio año para financiar el aparato que te oprime.

Cómo se enfrenta:

• Reduce la trazabilidad de tus ingresos. Trabaja por fuera cuando puedas, no defraudando impuestos, pues eso es un delito. Intercambia servicios, usa efectivo, criptomonedas, trueque. Todo legal siempre.

• Constituye estructuras paralelas legales. Fideicomisos, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro. No para defraudar, sino para no seguir sosteniendo lo que te asfixia.

• Aprovecha tus exenciones. Si tienes familia numerosa o eres viuda, extranjera, minusválido, jubilado etc. Usa todo eso para minimizar tus obligaciones fiscales. La ley te protege

Estrategia realista:
No se trata de evadir. Se trata de no alimentar al sistema más de lo estrictamente necesario.

10. El mito del Estado de Derecho

Barrote: La ley dice que todos somos iguales. La práctica dice otra cosa.

Cómo se enfrenta:

• Deja de creer en la justicia como ideal. Cree en ella como estrategia.

• Denuncia públicamente. Usa los canales formales cuando convenga, pero usa también blogs, vídeos, redes, entrevistas. El poder odia la luz.

• Internacionaliza el conflicto. Si la justicia local es un círculo cerrado, escala: comités de derechos humanos, prensa extranjera, observatorios, informes paralelos.

• Documenta la parcialidad. Si te enfrentas a un fallo injusto, no lo aceptes en silencio. Responde con informes propios, apelaciones aunque sepas que no prosperan, cartas abiertas.

Estrategia realista:
Usa el discurso del Estado de Derecho contra el propio sistema que lo viola.

 

En resumen, no estás atrapado por lo que ves. Estás atrapado por lo que no ves y por lo que el sistema logra que dejes de mirar creyendo que "no sirve de nada".

Nombrar los barrotes no es recrearse en la cárcel. Es comenzar a ver las grietas por donde se cuela la fuga, la trampa, la salida.

Y no, no es fácil, no es rápido, y no es mágico.
Pero tampoco es imposible. Lo que es imposible es salir sin entender. Espero que te sirva esta exposición que has leído.

 

Te dejo tres links o otros tres articulos sobre estos mismos temas

EL ORDEN PÚBLICO Y LA VOLUNTAD POPULAR  

DERECHOS INDISPONIBLES: EL CANDADO DE TU LIBERTAD  

¿SON CADENAS NUESTROS DERECHOS?