El tiempo enemigo: cómo la demora judicial destruye el vínculo.
En causas de infancia, una vez que el juzgado ha desposeído a la madre de su hijo, el tiempo no es un factor más: es el que lo determina todo. Cada mes sin contacto significativo reescribe mapas afectivos. Cada plazo vencido consolida una realidad que luego se legitima como "interés superior". El sistema lo sabe, y controlar el calendario es su manera de controlar el vínculo.
Las demoras judiciales no son espontáneas ni neutras. Funcionan como herramienta de poder que desplaza el conflicto del terreno jurídico al biográfico: mientras los plazos se alargan, el niño reorganiza su apego sustituto y la madre pierde, día a día, capital vincular y procesal. El resultado es previsible: a más espera, menos vínculo; a menos vínculo, más "estabilidad" para justificar que el niño o la niña se queden donde los puso el juez.
Ese daño ocurre en silencio. Los niños pequeños codifican seguridad a través de rutinas y presencias concretas. La interrupción sostenida debilita el recuerdo de su vida anterior en el hogar materno: el olor, la voz, los gestos, las comidas de casa, el perro de la familia, etc. Tras meses sin encuentros, sucede lo previsible: el sistema psíquico prioriza la proximidad posible. La ausencia prolongada se vuelve algo lejano. Tal vez como si esos recuerdos pertenecieran a otra persona o a una vida ajena.
El proceso es progresivo. Durante los primeros seis meses hay ansiedad, búsqueda, síntomas conductuales. Entre los seis y dieciocho meses, sobreviene la adaptación por resignación. Las referencias a la figura ausente disminuyen. A partir de los dieciocho meses se cristaliza una nueva normalidad. El reingreso de la madre a esa nueva vida requiere entonces, según los "expertos" un trabajo terapéutico planificado. Para la madre ser tratada como una extraña en la vida del niño es un nuevo golpe difícil de asimilar.
Mientras tanto, el expediente traduce esa pesadilla vital en lenguaje legal: "no desestabilizar al menor", "mantener entorno actual", "preservar referencias afectivas". En otras palabras, la demora fabrica las condiciones para su propia justificación.
Y el expediente sabe fabricar tiempo. A la madre se le piden pericias en cascada: una evaluación abre otra, que abre un contrainforme, que abre una nueva pericia. Requisitos ejecutados en secuencia y no en paralelo: tratamiento, informes, oficios, cada uno esperando al anterior. Audiencias diferidas por agendas saturadas. Medidas "cautelares provisionales" que se eternizan. Lo provisorio dura lo suficiente como para volverse realidad emocional. Y esto es un término que muchas madres no llegan a entender: creen que "provisional" significa que pronto habrá una medida definitiva. No saben que hay niños que están bajo medidas provisorias durante años y nadie se lo dice.
Hay además un factor determinante en todo esto: admitir errores implica reconocer fallas en informes, decisiones y pericias. La narrativa de la "estabilidad" se vuelve cada vez más costosa de revertir. Y desde una economía procesal básica, sostener lo decidido consume menos recursos que revisar en serio. Es más barato dejar al niño donde está.
El tiempo lo cambia todo. El niño pierde tonos, gestos, códigos compartidos. Pierde la seguridad construida. Quién está, responde; quién no está, deja de ser "base segura". La escuela, el entorno, la familia extendida empiezan a legitimar la nueva realidad. La madre, mientras tanto, pasa de agente a espectadora. Aumenta la reactividad; baja la estrategia. El dolor de las madres en ese momento llega a ser casi insoportable. Muchas enferman: desarrollan enfermedades autoinmunes, estrés crónico, cáncer, úlceras, depresión etc
¿Cómo oponerse a este mecanismo, por muy duro que sea? Con actos. Con ritmo. Con papeles. El antídoto no es emocional: es operativo. Es convertir semanas en acciones. Paralelizar en lugar de secuenciar: tratamiento + pericia + pedido de visitas en curso, no en cola. Estandarizar escritos. Mantener ritmo fijo de presentación: si no hay audiencia, hay escrito; si no hay escrito, hay constancia; si no hay constancia, hay pedido de estado. Y sobre todo: registrar cumplimiento mensualmente. Terapias. Talleres. Cursos. Pedir poco, pero pedir bien. Pequeñas ampliaciones: que las visitas terapéuticas vigiladas pasen de 30 a 60 minutos, de mensual a quincenal. Documentar cada encuentro con lenguaje pericial.
Mientras tanto, gestionar la espera con autocuidado: bloques diarios "no negociables" (sueño, comida, movimiento, foco) durante semanas críticas. Silencio comunicacional en tiempos rojos: la energía va al expediente.
Yo misma usé ese silencio comunicacional por mucho tiempo para preservar mis fuerzas. A pesar de no haber perdido a mi hija, el miedo de que pudiera pasar me acompañó durante todos los años que duró mi proceso. Desarrollé la hipervigilancia sin saber cómo se llamaba. Todavía la tengo. Ahora con su nombre.
Los errores comunes regalan tiempo al sistema: estallidos públicos cerca de plazos, pedidos maximalistas sin base documental, no documentar terapias por considerarlas "injustas", cambiar de estrategia cada mes. Son los que más he observado hablando con decenas de madres a lo largo de estos diez años. A mí misma me sorprende esta cuenta: desde febrero de 2016, fecha de inicio de mi proceso, hasta hoy, diciembre de 2025. Ese es el tiempo transcurrido.
Un tema no menor es el lenguaje. En los juzgados, el lenguaje importa. Esto me lo han enseñado los cientos de documentos judiciales que he leído. Abren puertas expresiones como: "consta en autos que...", "adjuntamos constancia de...", "solicitamos ampliación limitada a...", "proponemos período de prueba de 60 días con evaluación intermedia". Las cierran otras como: "exijo que devuelvan a mi hijo ya", "todos están en mi contra", "no haré pericias porque son injustas", "si no me dan todo, no acepto nada". El juzgado premia la previsibilidad y la proporcionalidad.
Una curva realista promedio para que madre e hijo retomen el contacto tiene diferentes fases. Podría ser algo así: entre el mes 0 y el 2: terapia parental y solicitud inmediata de visitas supervisadas. Meses 3 al 6: estabilidad en el cumplimiento y pedido de ampliación. Entre el 6 y el 9: actividades estructuradas con el niño, como lectura o juego guiado, con reporte posterior. Del 9 al 12: revisar condiciones de supervisión, proponer salidas breves. Después del año: evaluar transición a encuentros no supervisados con seguimiento terapéutico. Todo esto con constancia documental, tono técnico, objetivos modestos y escalables.
Gobernar el tiempo también es repartir responsabilidades. La madre regula su ritmo, su lenguaje, su dolor. El abogado gestiona oportunidades procesales. El buen terapeuta sostiene emocionalmente. Y la red cercana de amigas o familiares absorbe tareas logísticas y de contención.
Para una madre que vive la catástrofe de haber visto cómo le arrancan a un hijo de su vida, es muy difícil comprender que el tiempo siempre va a jugar en contra si no se le oponen actos. Ella quiere que le devuelvan a su hijo ya.
Cuesta entender que la épica no altera cronogramas; los documentos sí. La política útil, aquí, no es la denuncia permanente, sino la administración meticulosa del calendario: cada quincena con un movimiento real, cada mes con un avance verificable.
No es heroísmo: es método.
Es una situación muy dura y difícil de transitar.
Cuando casi es imposible respirar, es mucho más imposible ser estratégica. Desde aquí, mi abrazo a todas las mamás que viven o han vivido estas circunstancias.
Isabel Salas
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