Otra de las críticas previsibles a Materfiesto será esta: que, al cuestionar los derechos humanos, estaría atacando el único lenguaje que hoy protege a mujeres, niños y personas vulnerables.
No. Lo que ataco es la idolatría.
No niego que el lenguaje de los derechos humanos haya servido, en determinados contextos, para limitar abusos, denunciar crímenes o formular exigencias justas. Sería absurdo negarlo. Lo que digo es otra cosa: que ese lenguaje no es inocente, que no agota lo humano y que, dentro del Estado de derecho, funciona muchas veces como una forma de administración de la vida.
Esa es la cuestión.
Vivimos en sistemas donde todo debe pasar por el filtro de los derechos para ser visible, legítimo y atendible. Pero eso no significa que todo lo que importa quepa realmente en ese lenguaje. Y mucho menos que ese lenguaje sea neutral.
Nos confunden haciéndonos creer que un derecho, en el Estado de derecho, es una libertad real. Muchas veces, por no decir siempre, es lo contrario: una forma de delimitar, traducir, condicionar y capturar la existencia dentro de categorías administrables. No somos libres porque tengamos derechos. En realidad vivimos sujetos a derechos. Y esa diferencia no es menor.
El sujeto de derechos no es una criatura emancipada flotando en una esfera moral pura. Es un individuo ya incorporado a una gramática estatal que decide qué cuenta como daño, qué cuenta como protección, qué puede reclamarse, de qué no puede disponerse, y en qué momento interviene el aparato judicial, técnico o administrativo.
Exactamente eso es lo que me interesa discutir.
Esto es lo que quiero poner sobre la mesa: que ‘sujeto de derecho’ y ‘sujetado por los derechos’ son, en el fondo, gemelos separados al nacer
Cuando el lenguaje de los derechos humanos se vuelve la única forma legítima de nombrar la justicia, ocurre algo muy grave: se empieza a creer que lo humano existe porque ha sido reconocido por el sistema, cuando en realidad hay realidades humanas anteriores a esa traducción jurídica.
El vínculo materno-filial es una de ellas.
Un hijo no entra en el mundo como “sujeto de derechos” primero y como criatura después. Una madre no aparece como “titular de derechos” antes que como cuerpo que ha gestado, parido y quedado ligada a esa criatura por una relación vital. Lo primero no es la categoría jurídica. Lo primero es la realidad humana que el derecho llega después a nombrar, a regular, a proteger o a violentar.
Ese “después” importa.
Porque cuando se olvida, los derechos humanos dejan de funcionar como límite frente al poder y empiezan a funcionar como uno de sus instrumentos favoritos. Se invocan para intervenir, para corregir, para separar, para redefinir vínculos, para desplazar a quienes están en el centro de una relación real y sustituirlos por una red de expertos, jueces, protocolos y criterios abstractos.
No se trata de que los derechos humanos sean “necesarios”. Se trata de que son insuficientes y peligrosos cuando se los presenta como el horizonte moral supremo y único.
Además, conviene decirlo sin miedo: en el Estado de derecho, los llamados derechos indisponibles y el orden público muestran con bastante claridad que no estamos ante un reino de libertad soberana como nos intentan hacer creer. Estamos ante una estructura donde el sistema decide, en tu nombre, sobre qué no puedes disponer, aunque afecte a tu propio cuerpo, a tus propios hijos o a tus propios vínculos. Y eso después se llama protección, civilización o garantía.
Yo no lo llamo así.
Al menos no lo llamo de esa manera cuando el algoritmo no me está mirando.
No me interesa sustituir una fe religiosa por una fe jurídica. No me interesa arrodillarme ante una nueva teología secular cuyos dogmas son la pretendida dignidad, el interés superior, la igualdad formal o la tutela del vulnerable, mientras por debajo se administra cada vez más profundamente la vida concreta.
Y sí: los derechos humanos forman parte de ese dispositivo.
No porque todo derecho sea perverso, sino porque el lenguaje de los derechos ya ha sido plenamente absorbido por el Estado de derecho y por sus instituciones. Ya no es un lenguaje exterior al poder. Es uno de sus idiomas preferidos.
Por eso mi crítica no va contra la dignidad humana. Va contra la ficción de que la dignidad queda suficientemente defendida porque ha sido traducida a derechos reconocibles por un sistema que se reserva, además, el monopolio de interpretarlos, limitarlos y aplicarlos.
No basta con decir “hay derechos”.
La cuestión es: quién los define, quién decide cuándo ceden, quién invoca el orden público y qué vínculo concreto queda triturado mientras tanto.
En el caso del vínculo materno-filial, esa trituración es especialmente visible. Todo se vuelve derecho de alguien: del niño, del padre, del Estado, del sistema, de la corresponsabilidad, del acceso, de la intervención. Y en esa proliferación abstracta, la relación viva entre una madre y su hijo queda convertida en materia administrable.
Eso es lo que denuncio.
No estoy contra toda formulación de derechos ni puedo estar. Estoy amarrada a un contrato social que no firmé y tengo que conformarme con vivir bajo él. Por eso, lo que rechazo es su absolutización.
Rechazo la mentira de que el lenguaje de los derechos humanos sea la forma final de la justicia. Y estoy contra la operación por la cual todo lo que no cabe en esa gramática queda expulsado del campo de lo legítimo, como si no existiera.
Lo humano no empieza con su reconocimiento jurídico.
Y cuando se olvida eso, los derechos se convierten en redes de captura.
De capturar gente.
Isabel Salas
